El Poder Ejecutivo promulgó las leyes de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) y Emergencia Pediátrica (Ley 27.796) mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, pero suspendió inmediatamente su aplicación hasta que el Congreso Nacional defina su financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.

Fundamento legal de la suspensión

Ambos decretos se fundamentan en el artículo 5 de la Ley 24.629, que establece que "toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos". La normativa añade que, en caso contrario, "quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional".

Detalles de las leyes promulgadas

La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria establece la "protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio nacional". Entre sus disposiciones principales se incluyen:

• La actualización automática del financiamiento según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

• La realización de controles externos por parte de la Auditoría General de la Nación.

• La disposición de créditos presupuestarios para actualizar al 1 de enero de 2025 el presupuesto universitario, sin afectar la coparticipación federal.

Por su parte, la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica declara la emergencia por el plazo de un año y establece:

• Asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos y personal esencial.

• Recomposición inmediata de salarios del personal de salud.

• Exención del impuesto a las ganancias para el personal que realice actividades críticas, horas extras o guardias.

• Designación del Hospital Garrahan como hospital de referencia nacional de alta complejidad pediátrica.

La ley también crea una comisión de seguimiento integrada por legisladores, representantes del Ministerio de Salud, COFESA y la Sociedad Argentina de Pediatría, que deberá presentar informes trimestrales.

Ambas leyes habían sido ratificadas por el Congreso pese al veto presidencial, pero su aplicación efectiva queda ahora supeditada a la asignación presupuestaria correspondiente.