El Senado de Uruguay convirtió en ley este miércoles 15 de octubre el proyecto de Muerte Digna, tras más de diez horas de debate, despenalizando así la práctica de la eutanasia en el país. La votación contó con los votos afirmativos de los legisladores del oficialista Frente Amplio, sumándose también algunos senadores de las bancadas opositoras del Partido Colorado y el Partido Nacional.

La normativa, que había obtenido media sanción de la Cámara de Representantes el pasado 13 de agosto, tiene como objetivo garantizar el derecho a "transcurrir dignamente el proceso de morir". Se aplicará a mayores de edad psíquicamente aptos que se encuentren en etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan sufrimientos insoportables a causa de ellas. El texto legal especifica que podrán acogerse a sus disposiciones tanto los ciudadanos uruguayos como los extranjeros que acrediten residencia habitual en el país.

Durante el debate, el senador del Frente Amplio Daniel Borbonet, en su rol de miembro informante, señaló que el proyecto “ha sido construido con responsabilidad” y destacó que “se han establecido garantías claras para proteger a los pacientes”. “Se deposita confianza en los profesionales médicos y en los equipos de salud. Se ha respetado la voluntad individual”, explicó. Asimismo, enfatizó que la iniciativa “es un derecho a decidir” y que “no impone conducta” alguna.

En la misma línea, el senador colorado Ope Pasquet defendió la ley en declaraciones a la Agencia EFE, calificándola de “necesaria, liberal y humanitaria”. “Es necesaria porque hay mucha gente que llega al final de la vida afectada por enfermedades incurables e irreversibles, que padecen sufrimientos insoportables”, fundamentó.

Con la sanción definitiva, el Poder Ejecutivo dispondrá de un plazo máximo de 180 días para reglamentar la ley. Posteriormente, se deberá conformar la Comisión Honoraria de Revisión en un plazo no mayor a 90 días. Este organismo, que será presidido por el Ministerio de Salud Pública, estará integrado por representantes de dicha cartera, del Colegio Médico del Uruguay, de la Universidad de la República y de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Su función será la revisión de los procedimientos de eutanasia realizados y la elaboración de un informe anual para el Ministerio y la Asamblea General.