El ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad, se refirió al dictamen desfavorable emitido por el Tribunal de Cuentas (TC) sobre la gestión de los fondos nacionales durante 2024, defendiendo la postura oficial y argumentando que las observaciones responden a condicionamientos impuestos por los convenios con el gobierno nacional más que a irregularidades en el manejo de los recursos. En diálogo con este medio, el funcionario de la administración de Osvaldo Jaldo precisó que el cuestionamiento se centra en la metodología de registro, no en los fondos en sí.

"El dictamen desfavorable es respecto a la registración y exposición de los recursos nacionales, es decir, sobre la metodología del registro. No hay ningún tipo de cuestionamiento de los fondos, es más, el TC alude que todos los datos han sido cruzados exitosamente con Nación", explicó Abad. Según el titular de la cartera económica, las dificultades surgen de las condiciones establecidas por el gobierno nacional para las transferencias: "La metodología de registro queda condicionada o es producto de los convenios suscriptos donde, muchas veces por una cuestión de comodidad o de costos de Nación, se indica como cuenta receptora la cuenta general de la provincia en el BNA".

El pronunciamiento del Tribunal de Cuentas, contenido en el Acuerdo Nº 3883 firmado por su presidente y vocales, había identificado deficiencias estructurales en el sistema. El organismo criticó la centralización de las funciones de registro en la Tesorería General provincial, lo que contravendría la Ley de Administración Financiera al impedir que cada jurisdicción administre directamente sus recursos. Además, señaló la "fragilidad documental" del sistema, que utiliza extractos bancarios como sustento sin contar con la documentación respaldatoria completa.

Uno de los puntos más destacados del dictamen fue la crítica a la metodología de acreditación de fondos de afectación específica, como los ATN. El TC constató que estos recursos ingresan primero a cuentas transitorias antes de llegar a su destino final, generando demoras y diferencias en las fechas de registro. El organismo recomendó un "flujo directo y transparente" para evitar transferencias innecesarias y una tardía aplicación de los fondos, concluyendo que "no se da cumplimiento" a las normativas vigentes.