El Estado argentino inició formalmente el proceso de apelación contra el fallo que lo condena al pago de US$ 16.000 millones por la nacionalización de YPF, presentando ante la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos los argumentos legales para evitar la transferencia de acciones de la empresa petrolera. Según el análisis del especialista Sebastián Maril, la estrategia de la defensa se concentra en cuatro puntos fundamentales que cuestionan la competencia de la justicia estadounidense en este caso.

El primer argumento sostiene que un tribunal de Estados Unidos no puede obligar a un país soberano a repatriar activos ubicados fuera de su territorio. El segundo punto cuestiona la aplicación que realizó la jueza Loretta Preska de la ley del estado de Nueva York (CPLR 5225) para tratar estos activos en el exterior. Como tercera línea de defensa, Argentina invoca la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA) como protección para no verse forzada a entregar las acciones de YPF. Finalmente, la presentación advierte sobre las consecuencias diplomáticas que tendría forzar esta medida entre dos naciones amigas.

En un movimiento significativo, el gobierno de Estados Unidos se presentó en la causa como amicus curiae (amigo del tribunal) respaldando parcialmente la postura argentina. Su intervención argumentó que una orden que obligue a transferir acciones de YPF que se encuentran fuera del territorio estadounidense podría exceder los límites legales de ejecución de bienes de estados extranjeros establecidos por la FSIA. Además, señaló que este tipo de decisiones judiciales podrían tener "ramificaciones negativas" en las relaciones exteriores de Estados Unidos y afectar el trato recíproco de sus propios activos en cortes extranjeras.

La presentación argentina añadió que, si el país cumpliera la orden de entregar las acciones antes de que se resuelva la apelación del fallo principal, sufriría un "daño irreparable", ya que incluso con un fallo futuro favorable, perdería la posibilidad de recuperar las acciones transferidas. Se estima que la definición de este proceso de apelación podría llegar durante el primer trimestre de 2026.