El Senado de la Nación convocó para el próximo jueves 18 de septiembre a una sesión ordinaria a partir de las 11 horas, en la que se tratará el rechazo al veto presidencial al proyecto de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y se debatirá la sanción definitiva de la llamada Ley Nicolás, ya aprobada por Diputados en diciembre de 2023.

El temario, definido este martes en una reunión de Labor Parlamentaria presidida por el presidente provisional de la Cámara, Bartolomé Abdala, incluye además dos proyectos con dictamen: uno que convierte en ley el Sistema de Alerta Sofía y otro que agrava las penas para siniestros viales.

El proyecto de los ATN, impulsado por gobernadores de diversas provincias, obtuvo 56 votos afirmativos en su paso por el Senado. La Cámara de Diputados se perfila como el próximo escenario de negociación para esta iniciativa, un territorio considerado menos hostil para el oficialismo, aunque con un historial de resultados ajustados en votaciones recientes.

Los proyectos en detalle

La Ley Nicolás busca prevenir muertes por mala praxis y diagnósticos erróneos, tras el fallecimiento del joven Nicolás Deanna a causa de una meningitis no detectada a tiempo.

Respecto al Sistema de Alerta Sofía, se unificaron dos iniciativas presentadas por el senador Juan Carlos Romero (Salta). El dictamen de mayoría crea el "Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas y de Identificación de Personas de Identidad Desconocida Halladas con Vida o Fallecidas", bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación. Asimismo, en su artículo 6, constituye el Programa de Alerta Rápida Sofía, que se activará dentro de las 6 horas de realizada la denuncia por desaparición de un menor de 18 años que se encuentre en situación de extrema gravedad.

Por último, el proyecto que agrava las penas para siniestros viales establece condenas de 2 a 5 años de prisión para quien cause la muerte de otra persona por conducción imprudente, negligente, con impericia o antirreglamentaria. La pena se eleva de 4 a 8 años si el conductor hubiera consumido estupefacientes, alcohol con alcoholemia superior a cero, medicamentos que disminuyan su aptitud para conducir, excediera en un 30% la velocidad máxima o condujera sin habilitación.