Luego de los vetos del Gobierno nacional al aumento de jubilaciones y a la restitución de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, propuso suspender el pago de planes sociales a extranjeros que no residan en el país como medida para redistribuir fondos hacia los sectores afectados.

El mandatario provincial denunció que es frecuente observar cómo personas “mes a mes se cruzan de un país a otro, a cobrar una asignación universal por hijo y después se vuelven al país vecino”, una situación que, según su relato, se da en provincias fronterizas. Por este motivo, consideró necesario revisar el otorgamiento de estas asignaciones en regiones limítrofes.

Sáenz sugirió la suspensión de todos los planes sociales en zonas de frontera que fueran otorgados a extranjeros, condicionando el beneficio a que los potenciales beneficiarios acrediten una residencia real en la provincia y en el país. Argumentó que esta medida permitiría “beneficiar a los jubilados y aumentar los beneficios a las personas con discapacidad”, al evitarse “la cantidad de fondos que se regalan a los extranjeros que no viven y que no residen, que no trabajan y que no aportan nada a nuestro país”.

El planteo surge a raíz del impacto que la suspensión de beneficios nacionales para personas con discapacidad ha tenido en la población salteña. Sáenz calificó la decisión nacional de interrumpir “de manera indiscriminada” pensiones, cobertura médica y insumos como una medida que generó “una angustia muy grande” y que representaría “una torpeza” administrativa. Subrayó que la vasta geografía de Salta, con parajes alejados, dificulta la notificación y el acceso a los trámites requeridos para mantener los beneficios.

En otra línea, el Gobernador defendió la política provincial de arancelar la atención sanitaria a extranjeros no radicados, implementada desde febrero de 2024. Sostuvo que esta medida, replicada luego a nivel nacional, buscó frenar los llamados “tours de salud” y que debería aplicarse en todos los hospitales públicos del país. Aclaró que en situaciones de riesgo de vida “por una cuestión humanitaria nunca dejamos de atender”.

Según datos del Ministerio de Salud de Salta, tras la implementación del cobro se registró una caída pronunciada en las atenciones a extranjeros en hospitales clave de la provincia, con disminuciones que oscilaron entre el 42,86% y over 95% en distintos nosocomios. El ministro de Salud Pública provincial, Federico Mangione, reportó que esto permitió un ahorro fiscal significativo, estimado en alrededor de $60 millones en un solo hospital.

Mangione precisó que la política de cobro está dirigida a “el que viene de tránsito” y no a quienes están radicados en Salta y pagan impuestos. Concluyó que “las urgencias no se negocian, si está en riesgo de vida el paciente se lo atiende, y después vemos cómo lo cobramos”.