El legislador José Macome presentó un proyecto de ley que busca profundizar la defensa de los niños en los procesos de familia, garantizando sus derechos y reforzando el debido proceso para todas las partes. La iniciativa apunta a incorporar en la legislación procesal provincial herramientas concretas para detectar y disuadir las falsas denuncias de género y abuso, así como también para prevenir la obstrucción del vínculo familiar.

Según Macome, la propuesta se enmarca en la línea de las Leyes 9602 y 9719, con la intención de proteger a quienes se encuentran en situación real de vulnerabilidad, más allá de categorías abstractas que, en muchos casos, derivan en abusos del sistema judicial.

“La aplicación inadecuada de la perspectiva de la normativa vigente ha llevado a la destrucción de familias, a la desprotección de quienes efectivamente sufren violencia y al colapso del sistema judicial. Necesitamos equilibrio y respeto al interés superior del niño”, sostiene el texto del proyecto.

El legislador resaltó que el proyecto recoge los aportes de las Primeras y Segundas Jornadas sobre Obstrucción del Vínculo y Falsas Denuncias, realizadas en el Colegio de Abogados y en la propia Legislatura.

Principales modificaciones propuestas

Entre los puntos centrales del proyecto, se destacan:

Procesos de familia: modificaciones en los artículos 2, 3 y 7 para asegurar que los jueces consideren especialmente la situación de progenitores privados de contacto con sus hijos y evitar que declaraciones de menores sean manipuladas.

Audiencias con niños: se garantiza el derecho de defensa de los progenitores excluidos, permitiendo la participación de sus defensas técnicas en sala contigua.
Medidas cautelares y autosatisfactivas: se refuerza la obligación de los jueces de investigar la verosimilitud de las denuncias antes de dictar medidas que restrinjan vínculos filiales. Además, se establece que el incumplimiento de plazos legales por parte de los magistrados podría constituir causal de mal desempeño.

Prevención de fraudes judiciales: se incorpora la obligatoriedad de los jueces de prevenir y denunciar la falsa denuncia de género o abuso como delito penal.
Cámara Gesell: se habilita la posibilidad de que los progenitores participen en la toma de declaración a menores sin afectar la libertad del niño.

Doble instancia y recusación: se fortalecen los mecanismos de apelación y se ajustan las causales de recusación para garantizar imparcialidad.

El interés superior del niño como eje

El proyecto insiste en que el objetivo no es desproteger a mujeres o niños víctimas de violencia, sino limpiar el sistema judicial de causas armadas para que la justicia pueda concentrarse en los casos verdaderamente graves, como los de Lucio, Rocío, Julián Jiménez o Pastoriza Ferro, donde la falta de acción del Estado tuvo consecuencias irreparables.

En ese sentido, Macome recordó el fallo “Leonardo Formerón e hija vs. República Argentina” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al país por la vulneración del derecho al vínculo familiar.

Finalmente, el legislador pidió a sus pares que acompañen el proyecto: “Queremos garantizar el derecho de defensa, el principio de inocencia y el interés superior del niño. Cuando la justicia no actúa con igualdad e imparcialidad, se impone el abuso de quienes usan el sistema para fines personales. Este proyecto busca devolverle equilibrio y legitimidad a los procesos de familia”, concluyó.