En una sesión con amplio respaldo opositor, el Senado de la Nación aprobó este jueves 4 de septiembre una reforma sustancial al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), estableciendo plazos perentorios y mayores exigencias para su validación legislativa. La iniciativa, que obtuvo 56 votos a favor y 8 en contra, fue girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.

El proyecto modifica la ley 26.122 al imponer un plazo máximo de 90 días corridos para que ambos cuerpos legislativos aprueben con mayoría absoluta cualquier DNU emitido por el Ejecutivo. Actualmente, estos decretos permanecen vigentes indefinidamente si el Congreso no los rechaza explícitamente. Además, se establece que el rechazo en una sola cámara implicará su derogación inmediata, excepto para derechos adquiridos durante su vigencia temporal.

La senadora Alejandra Vigo (peronismo disidente), miembro informante, destacó durante el debate: "Estos instrumentos contravienen el principio de separación de poderes. Buscamos atenuar el presidencialismo y evitar que cualquier gobierno governe con la suma del poder público". Por su parte, el radical Pablo Blanco afirmó que la reforma pone fin "a la pésima costumbre de varios gobiernos de usar y abusar de los DNU".

Desde el oficialismo, el jefe de bancada de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, cuestionó la iniciativa: "Le quitan al Presidente una herramienta crucial en un contexto de minorías parlamentarias graves". Advirtió que la medida afectaría particularmente el DNU 70/23 de desburocratización del Estado, considerado emblemático para el gobierno.

La reforma también introduce que cada decreto debe circunscribirse a una única área temática, evitando la inclusión de múltiples temas no relacionados. El proyecto contempla además la invalidación automática de los DNU que no sean tratados dentro del plazo establecido, eliminando la vigencia por silencio administrativo que caracteriza al régimen actual.

El escenario político ahora se traslada a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo anunciará que buscará frenar su avance. Analistas anticipan que, de lograr sanción definitiva, el Poder Ejecutivo ejercería su derecho al veto, lo que requeriría de una mayoría especial del Congreso para su eventual insistencia.