A más de tres décadas de la sanción de la ley que creó el sistema de AFJP, el debate sobre el futuro de las jubilaciones vuelve a aguardar su turno en la agenda parlamentaria. Este contexto de incertidumbre, sumado al envejecimiento poblacional, ha impulsado a las nuevas generaciones a buscar herramientas privadas de planificación para su retiro, una tendencia que antes se asociaba exclusivamente a etapas adultas.

El fenómeno del envejecimiento es global y regional: se prevé que el número de personas mayores de 65 años se duplique en el mundo en las próximas décadas, mientras que en América Latina y el Caribe se espera que el porcentaje de mayores de 60 años alcance el 25.1% para 2050. A nivel local, el sistema previsional argentino arrastra un déficit ininterrumpido desde 1998, donde los aportes apenas cubren la mitad de las erogaciones para más de 6 millones de jubilados. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, creado tras la estatización de las AFJP, se reduce en términos reales.

Paralelamente, una disposición establece un salario máximo imponible para los aportes previsionales, lo que significa que los ingresos superiores a aproximadamente $3.4 millones brutos mensuales están exentos. Esto deja fuera del sistema integrado a un segmento de altos ingresos, que dispone de recursos excedentes para destinar al ahorro privado. Según datos de una consultora, un 22% de la población cuenta con ingresos suficientes para acumular capital de manera sostenida y cubrirse del riesgo de longevidad.

Los seguros de retiro privados han ganado participación, con un promedio de ingreso a los 38 años. Estos productos ofrecen rendimientos que en los últimos tres años siguieron de cerca la inflación y comienzan a superarla, con un mínimo garantizado en dólares del 2% anual, aunque con rendimientos prácticos históricos del 6% al 8%. Permiten el retiro de fondos para fines específicos con baja penalización y contemplan cláusulas para casos de invalidez o fallecimiento. Mientras, el sistema público presenta desafíos de equidad, como el requisito de 30 años de aportes y la existencia de regímenes especiales que otorgan beneficios superiores a la media.