El Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) de Tucumán aumentó un 7,3% los aranceles para eventos musicales y locales con expendio de alcohol, según la Resolución N° 2101-480–2025 vigente desde el 1 de agosto. Los organizadores de festivales pagarán ahora $210.000 diarios, mientras que kioscos y ranchos abonarán entre $19.000 y $30.000 según su tamaño. La medida, ajustada por el IPC, llega en un contexto de cuestionamientos al organismo por priorizar la recaudación sobre la prevención de adicciones.

El legislador José Seleme (Avanza Tucumán) presentó un proyecto para derogar el IPLA, denunciando que "el 100% de sus fondos se destinan a su burocracia" y recordando que perdió sus funciones sanitarias entre 2004 y 2007. "Es un círculo vicioso: recauda para sostenerse", afirmó. El organismo acumula 20 años de intervención ejecutiva sin aval legislativo, un punto que alimenta las críticas.

En paralelo, el interventor Dante Loza se reunió con la Cámara de Propietarios de Discotecas (CAPRODYATUC) para abordar reformas. Rodolfo Di Pinto, su presidente, destacó iniciativas como "Conductor ConSentido" —que incentiva la conducción responsable— pero alertó sobre la competencia desleal de locales no regulados: "Generan evasión y riesgos de seguridad", señaló.

Loza propuso campañas conjuntas y controles coordinados, aunque el aumento de tasas profundiza la percepción de un IPLA más fiscal que preventivo. Con presiones para su reforma o disolución, el organismo enfrenta un desafío de legitimidad en una provincia que exige transparencia y políticas efectivas contra el alcoholismo.