El Gobierno nacional presentó un nuevo modelo de concesiones viales que transferirá a privados la gestión de 10.000 kilómetros de rutas consideradas "rentables", las cuales concentran el 80% del tráfico del país. Las empresas podrán cobrar peajes (aproximadamente $4.200 cada 100 km para autos) solo si garantizan calzadas sin baches, banquinas reforzadas y señalización adecuada, bajo auditorías estatales.

El esquema, que debutará el 8 de septiembre con la licitación de la Ruta del Mercosur (incluyendo puentes como Zárate-Brazo Largo), busca financiar mejoras sin recurrir al erario público. "Rompe con el club de la obra pública al permitir que actores no tradicionales, como nodos productivos, gestionen corredores", explicaron fuentes oficiales.

El caso testigo: Tucumán

En el noroeste, la Etapa III del plan abarcará 3.900 km en once provincias, con prioridad en la RN9 (Santiago-Salta) y la A016 (Tucumán-Aeropuerto). Las concesionarias no cobrarán peajes en el primer año, plazo obligatorio para ejecutar obras de rehabilitación. "Los peajes de La Florida y Molle Yaco se activarán recién cuando las rutas estén en condiciones", aseguró Vialidad Nacional.

Límites y garantías

Las provincias podrán administrar rutas, pero solo mediante empresas estatales —sin subconcesionar a privados—, salvo aprobación del Congreso. El sistema incluye seguros de caución y el respaldo del FOGAR para cubrir riesgos tarifarios. Con este modelo, la administración Milei apuesta a revertir el deterioro vial histórico, relegando al Estado a un rol supervisor.