Carlos Acuña, cosecretario general de la CGT, evitó un juicio penal tras aceptar un acuerdo de probation por su participación en el bloqueo a una estación de servicio en diciembre de 2021. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 18 de Capital Federal dispuso que el sindicalista realice cuatro horas mensuales de trabajo comunitario y abone $8 millones a la empresa afectada.

El líder del SOESGyPE estaba procesado por coacción agravada desde noviembre de 2023, cuando la Sala IV de la Cámara Criminal revocó su sobreseimiento inicial. La protesta, organizada por unos 100 afiliados de su gremio, había paralizado durante dos días una estación de servicio en Avenida Jujuy y México.

La denuncia fue impulsada por el empresario Antonio Roberto Rizzo, con patrocinio de la abogada y dirigente de LLA Florencia Arietto. Originalmente, la Justicia había sobreseído a Acuña en 2022 al considerar el hecho como ejercicio del derecho de huelga, pero la Cámara revisó el caso y ordenó su procesamiento.

El juez Domingo Luis Altieri avaló la suspensión del juicio bajo condiciones estrictas: Acuña deberá mantener actualizado su domicilio, notificar viajes al exterior y presentarse trimestralmente ante autoridades penales durante 18 meses. La indemnización fue calificada como "razonable" para compensar los daños.

Acuña, aliado del sindicalista Luis Barrionuevo, mantendrá sus funciones en la CGT mientras cumple las medidas. El fallo cierra un proceso judicial que se extendió por casi tres años desde la protesta.