La Justicia Federal intensificó este lunes su investigación contra el exintendente Luis Campos y su secretario de Hacienda, José Roldán, en paralelo a la intervención política del municipio de Alberdi. El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz solicitó sus detenciones por asociación ilícita, narcotráfico y lavado de activos, basado en múltiples expedientes previos y un audio reciente que vinculaba a funcionarios con el manejo de drogas. Sin embargo, el juez federal Manuel Díaz Vélez rechazó el pedido y solo impuso prohibición de salida del país, tras allanar sus viviendas durante la madrugada.

En entrevista con Canal 8, el fiscal Vehils Ruiz detalló que la causa une "dos o tres investigaciones anteriores" con el audio viralizado, que demostraría el manejo "impune" de narcóticos desde el municipio. "La cocaína incautada no es de producción local, lo que sugiere redes externas", afirmó. También mencionó la violación de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos y lavado de activos, en posible conexión con fondos municipales. La legisladora Sandra Figueroa (esposa de Campos) está imputada pero protegida por fueros.

El juez Díaz Vélez consideró que no existía riesgo de fuga, aunque validó los allanamientos como medida de prueba. Las actuaciones judiciales avanzaron en coordinación con el gobierno provincial: el fiscal agradeció el apoyo logístico de Jaldo, incluyendo el uso del helicóptero oficial para operativos. "Es un esfuerzo conjunto contra el crimen organizado", destacó Ruiz, quien además pidió colaboración ciudadana: "La sociedad es el mejor ojo de la Justicia".

La investigación podría ampliarse. El fiscal admitió que hay denuncias sobre "manejo de fondos" en otros municipios, aunque aclaró que no necesariamente vinculadas a narcotráfico. Esto abre la posibilidad de que la caída del clan Campos-Figueroa active nuevas causas por corrupción. Mientras, Figueroa mantiene su banca legislativa, donde deberá votar sobre la intervención a su propio municipio.

El caso ya muestra impactos políticos inmediatos. La intervención de Alberdi —que terminó con 20 años de dominio familiar— se decidió tras conocerse los audios ahora investigados. Campos enfrenta un doble frente: la pérdida de su poder territorial y un proceso judicial que podría escalar. El fiscal no descartó nuevas medidas si aparecen pruebas contundentes, aunque evitó especular sobre plazos.