La diputada nacional Paula Omodeo (CREO) presentó formalmente ante la Justicia Federal una denuncia basada en una investigación realizada por su espacio político. El documento detalla una serie de retiros de fondos públicos en efectivo —sin justificación— realizados durante 2023 por los municipios tucumanos de Banda del Río Salí, Famaillá, Monteros y Lules, todos gobernados por intendentes del oficialismo provincial. El monto total retirado sin respaldo asciende a más de 36.800 millones de pesos.

Según el informe, los movimientos de fondos coinciden con fechas clave del calendario electoral, como las elecciones provinciales del 11 de junio o las PASO nacionales. CREO sostiene que los municipios recibieron durante ese año transferencias muy superiores a las que les habrían correspondido por ley, y que gran parte de ese dinero fue retirado por ventanilla, en efectivo. En el caso de Banda del Río Salí, se registró un 48% más de ingresos respecto a lo estipulado por la coparticipación y el Fondo de Desarrollo del Interior.

“Lo que vimos y denunciamos es algo que se repite hace años: se usa la plata de los tucumanos como si fuera un recurso del partido del gobierno. Los municipios reciben más o menos según su alineamiento político, y eso genera una dependencia que no ayuda a nadie”, explicó Omodeo. Y agregó: “Hay plata que falta en escuelas, hospitales y servicios, y sin embargo aparece justo antes de cada elección en efectivo, sin rastro, sin control. Eso no puede seguir pasando”.

El informe, el cual forma parte de la denuncia presentada por la parlamentaria, también resalta el esquema de financiamiento que rige desde hace más de dos décadas en Tucumán, a partir del llamado “Pacto Fiscal”, mediante el cual los municipios ceden su coparticipación a cambio del pago de sueldos a través del gobierno provincial. En el mismo, CREO advierte que este sistema permite un manejo discrecional de fondos que se traduce en ventajas electorales para el oficialismo y condiciona la autonomía de los intendentes.

“Todo esto lo ponemos a disposición de la Justicia porque creemos que los tucumanos tienen derecho a saber cómo se usa su plata. Lo dijimos en el Congreso, lo mostramos con datos, y ahora lo presentamos en la Justicia. Tucumán no puede crecer si seguimos naturalizando estas prácticas”, concluyó Omodeo.