El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley para regular la compra de inmuebles “en pozo”, una modalidad en auge pero con riesgos por la falta de un marco legal específico. La iniciativa, inspirada en modelos de España, México y EE.UU., busca proteger a los compradores con mayores controles sobre el uso de fondos y plazos de entrega.

Entre las medidas clave, se establece que el dinero aportado solo podrá destinarse a la obra contratada, prohibiendo su desvío. Los desarrolladores deberán presentar balances auditados y enviar informes trimestrales a los compradores, detallando avances y posibles demoras. Además, se creará un Registro Nacional de Desarrolladores Inmobiliarios de inscripción obligatoria.

Para garantizar el cumplimiento, el proyecto exige un Fondo de Garantía equivalente a los anticipos recibidos, que cubrirá reembolsos en caso de incumplimiento. Las demoras injustificadas tendrán multas diarias (0,1% del valor del contrato, hasta un 10% del total), mientras que las estafas podrían derivar en penas de 2 a 8 años de prisión, según una reforma propuesta al Código Penal.

Agost Carreño destacó que el objetivo no es “demonizar” el sistema, sino evitar casos como el de “Márquez & Asociados”, que afectó a miles de familias. “Buscamos mayor seguridad y transparencia, sin perjudicar a los desarrolladores serios”, afirmó. El proyecto apunta a equilibrar el mercado, protegiendo ahorros sin obstaculizar el acceso a la vivienda.