El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán firmó un convenio marco con el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata para implementar políticas de prevención, capacitación y asistencia a víctimas. El acuerdo, rubricado por el presidente del cuerpo, Fernando Juri, y las representantes nacionales María Verónica Toller y María Josefina Paz, busca combatir todas las formas de explotación humana, incluyendo trata sexual, laboral, extracción de órganos y hasta explotación reproductiva.

Toller destacó que no se trata de un "convenio declarativo", sino de un plan ejecutivo que involucrará a funcionarios municipales y organizaciones civiles. "Trabajaremos en capacitaciones, diseño de normativas y campañas para enfrentar este delito que ahora incluye modalidades tan aberrantes como la servidumbre reproductiva", explicó durante la rueda de prensa. Juri, por su parte, subrayó la importancia de esta articulación interinstitucional para abordar un flagelo que "ha escalado a nuevos niveles de crueldad".

El acuerdo establece capacitaciones obligatorias para empleados del Concejo y actores sociales clave, además de la distribución de material gráfico para promover el uso de la Línea 145 —servicio gratuito y anónimo disponible las 24 horas—. También se prevé la creación de protocolos para la detección temprana de casos y el asesoramiento legal a víctimas.

En el acto estuvieron presentes los concejales Federico Romano Norri, Gastón Gómez, Emiliano Vargas Aignasse, Carlos Ale, Ernesto Nagle y Ana González, quienes coincidieron en la urgencia de actualizar las estrategias contra la trata. "Este delito muta constantemente, y debemos adaptarnos para proteger especialmente a mujeres y niños", señaló Vargas Aignasse.

El convenio se enmarca en una serie de acciones que el municipio viene impulsando para combatir redes de explotación. Según datos del Comité, Argentina es país de origen, tránsito y destino de víctimas, con casos que van desde talleres clandestinos hasta engaños digitales (grooming). Las autoridades esperan que este acuerdo permita fortalecer la prevención y optimizar la respuesta estatal.