En respuesta al rechazo de la Ley Ficha Limpia en el Senado nacional, el diputado tucumano José Macome (Compromiso con la Libertad) presentó un proyecto de reforma electoral que impide candidaturas a personas condenadas —incluso sin sentencia firme— por delitos como malversación, cohecho o enriquecimiento ilícito. La norma, que modifica la Ley 7876, establece una inhabilitación de 10 años tras cumplir la condena y se aplicaría a gobernadores, intendentes, concejales y hasta autoridades partidarias.

Macome apunta directamente a derribar la Ley 9569 sancionada en 2022 por el oficialismo justicialista, que solo vetaba candidatos con sentencias firmes. "Quien tiene sentencia firme ya está inhabilitado; esto era una burla", acusó el legislador, cuyo texto incluye 11 figuras delictivas vinculadas a corrupción sistémica, aunque la pena sea en suspenso. La propuesta también alcanzaría a delitos económicos graves (con penas mayores a 3 años) y mantendría las restricciones por delitos sexuales y de lesa humanidad.

El fundamento del proyecto —al que accedió este medio— es contundente: "La corrupción destruyó la imagen de las instituciones". Macome aclaró que no vulnera el principio de inocencia, ya que solo exige una condena previa (aunque no firme) mediante debido proceso. "Es una norma cautelar, no penal: busca proteger al Estado de quienes ya fueron hallados culpables por un juez", insistió, citando precedentes de Brasil y Perú.

La iniciativa llega en un momento crítico: según datos del Observatorio de Corrupción de Tucumán, el 23% de los funcionarios provinciales en la última década enfrentaron causas judiciales. Macome desafía así al PJ tucumano a "dejar de proteger a imputados", mientras el oficialismo nacional intenta reactivar el debate de la Ficha Limpia para 2025. La Comisión de Asuntos Constitucionales deberá expedirse en los próximos 30 días.