La administración de Donald Trump anunció este lunes un programa que ofrece 1.000 dólares a migrantes en situación irregular que acepten autodeportarse mediante CBP Home, una aplicación oficial para gestionar su salida voluntaria. El plan, presentado como una alternativa para reducir los 17.121 que cuesta cada deportación forzosa, incluye "asistencia de viaje" y vuelos de regreso a sus países de origen. "Les conseguiremos un excelente vuelo y, si son buenas personas, quizás puedan volver", declaró Trump.

El primer caso registrado es el de un hondureño que viajó desde Chicago a Tegucigalpa tras utilizar el sistema. Sin embargo, la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, generó controversia al afirmar en abril que "20 o 21 millones de personas deben volver a casa", cifra que duplica las estimaciones oficiales de migrantes irregulares en 2022 (11 millones).

La política se enmarca en una estrategia más amplia de deportaciones masivas. Solo en 2025, más de 168.000 personas fueron detenidas, incluidos 600 presuntos miembros del Tren de Aragua (declarado grupo terrorista por EE.UU.). Al menos 300 detenidos fueron enviados al centro CECOT en El Salvador, bajo un acuerdo que incluyó un pago de $6 millones al gobierno salvadoreño.

Organizaciones de derechos humanos denuncian que muchas expulsiones carecen de debido proceso legal. Abogados de deportados insisten en que sus clientes no tienen vínculos con pandillas, mientras la administración republicana equipara la migración irregular con "criminalidad".

El programa de autodeportación podría enfrentar desafíos legales, especialmente por los criterios ambiguos para un eventual "regreso futuro". Mientras Trump lo promociona como un ahorro fiscal, críticos lo ven como una medida disuasoria y discriminatoria, que profundiza la crisis humanitaria en la frontera.