Con la presencia de cinco ministros y la fiscal de Estado Gilda Pedicone, el gobernador Osvaldo Jaldo lideró este jueves el cierre de una capacitación masiva a los 93 delegados comunales de Tucumán, transformándolos en agentes activos contra las usurpaciones de tierras. "Ellos serán nuestros ojos y oídos en cada rincón de la provincia", afirmó el mandatario, en un acto que marca la escalada de su ofensiva para recuperar terrenos fiscales y ordenar el caos dominial.

Jaldo fue contundente al denunciar un modus operandi histórico: "Hubo complicidad de reparticiones enteras del Estado y gestiones anteriores. Desarmamos Regularización Dominial, sumariamos y cesanteamos funcionarios". Su relato apunta a empresarios que habrían aprovechado esta red para apropiarse ilegalmente de lotes, especialmente en zonas turísticas como El Mollar y El Cadillal, donde ya se recuperaron "hectáreas importantes".

La fiscal Pedicone detalló el nuevo arsenal legal que recibieron los comisionados: desde modelos de actas de intimación hasta facultades de autotutela para clausurar loteos irregulares o construcciones en zonas prohibidas (riberas de ríos, tendidos eléctricos). "Ahora pueden actuar sin esperar a la Justicia en protección de espacios públicos", explicó, mostrando mapas con los 17 casos ya judicializados.

El plan tiene un doble objetivo: frenar nuevas tomas y regularizar situaciones heredadas. "Nadie compra sin escritura —insistió Jaldo—. A los compradores de buena fe los asistiremos, pero recuperaremos lo usurpado". Para casos complejos, la Fiscalía intervendrá directamente, como ya ocurrió en Tapia, donde se logró un desalojo express mediante medidas cautelares.

La estrategia incluirá pronto a intendentes, en lo que el ministro del Interior, Darío Monteros, definió como "un ejército contra el negocio ilegal de la tierra". Los delegados recibieron manuales con jurisprudencia y hasta tutoriales para identificar documentos falsos, una práctica común según las investigaciones.

Con este movimiento, Jaldo busca capitalizar políticamente un problema que afecta a 4 de cada 10 tucumanos según encuestas privadas. Pero el desafío es mayúsculo: solo en 2023 se registraron 213 conflictos por tierras en la provincia. El éxito dependerá de que esta batería de herramientas no quede en papel mojado.