El Gobierno tiene en carpeta una reforma migratoria que restringirá los criterios para exigir la residencia de extranjeros en la Argentina y que, por el otro lado, facilitará los mecanismos de deportación para aquellos mismos delincan en el país. Aunque no hay una fecha definida, en la Casa Rosada indican que “va a salir pronto” y que restan hacer las últimas revisiones técnicas.

Se trata de la reforma migratoria de la que el presidente Javier Milei había anunciado el 1 de marzo pasado en su discurso en la Apertura del 143° período de Sesiones Ordinarias. En los últimos días, trascendió que en vez de un proyecto de ley, los libertarios siempre la habían diseñado para que pudiera salir a tiro de decreto; mecanismo que le ahora al oficialismo la búsqueda de consensos en el Congreso.

“Si queremos ser un país serio, también debemos llevar a cabo una reforma migratoria”, esgrimió Milei durante su alocución ante la Asamblea Legislativa, en donde espetó que Argentina “ha sido generosa con los inmigrantes”, pero que “otra cosa distinta es ser tomado de tontos por nuestros vecinos o ser un centro de beneficiario pagado por el bolsillo de los argentinos”.

Una de las aristas más importantes del decreto en ciernes es que buscaría que los extranjeros no residentes deban pagar por el acceso a la salud pública, aunque esto solo se puede limitar a los hospitales nacionales, que son los cuales tiene injerencia el Poder Ejecutivo Nacional.

Esto podría extenderse a la educación universitaria, pero desde el Gobierno prefirieron no ahondar en la letra chica. “Debemos permitir a las universidades cobrarles a quienes no son residentes permanentes”, agregó en su discurso el Presidente el mes pasado. En caso de suceder es prácticamente un hecho que se pedirá un control de constitucionalidad.

La clave también estará en la modificación de otros artículos de la Ley de Migraciones 25.871, que está vigente desde 2004 y fue modificada (también por decreto) en 2010 durante el gobierno de Cristina Kirchner.

En principio, el Gobierno endurecerá los criterios para que extranjeros puedan solicitar la residencia o aplicar al pasaporte argentino. También se espera aplicar una visa especial para quienes traigan inversiones al país. Como contrapartida, Milei adelantó que busca endurecer severamente las condiciones de deportación para los extranjeros que delinquen, pudiendo adelantar los plazos y las trabas burocráticas que rigen actualmente. También podría haber novedades con mayores restricciones para la solicitud de Estatuto de Refugiado.

La medida tiene injerencias en áreas relativas a la Jefatura de Gabinete (por tener bajo su órbita la Dirección Nacional de Migraciones) y los ministerios de Justicia, Salud y Seguridad Nacional. Sin embargo, el liderazgo en la redacción y la revisión de este proyecto siempre estuvo bajo la órbita de María Ibarzábal, la espada legal de Santiago Caputo y quien ahora preside la Secretaría de Legal y Técnica.

“Queremos ser bravísimos con los delincuentes que delinquen. Esto ayuda a complementar a lo que Patricia está haciendo con los operativos que estamos haciendo mayormente en el Norte Argentino”, indicó una fuente gubernamental.

Ejemplo de ello son el incremento de la presencia y vigilancia de las fuerzas de seguridad que impulsaron desde el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich.

Uno de los planes paradigmáticos es el denominado Plan Güemes, el cual tiene injerencia en la zona de Aguas Blancas y Puerto Chalanas en la provincia de Salta, como así otros en Tartagal y Salvador Mazza (en Salta), Plan Guacurari (Misiones), en la Triple Frontera, entre otros; corredores que son considerados estratégicos para reforzar medidas contra la el narcotráfico, trata y lavado de activos.

Justamente, la provincia de Salta es una de las provincias que implementó un sistema de cobro a la atención médica a extranjeros no residentes, a excepción de casos de urgencia o emergencia. La medida fue destacada el año pasado por el mismo gobierno nacional a través del vocero presidencial Manuel Adorni: “En Salta bajó el 95 por ciento de atención (a personas extranjeras) con un ahorro de 60 millones de pesos”. Las provincias de Mendoza, Santa Cruz y Jujuy también comenzaron a implementar modalidades similares en las clínicas de sus distritos.

Fuente: Infobae