​El Ejecutivo liderado por Javier Milei formalizó este miércoles, a través del decreto 28/2025 publicado en el Boletín Oficial, la primera fase del proceso licitatorio de la Red Federal de Concesiones.

El decreto fija un plazo de un año para concretar el proceso de licitación de ocho corredores y tramos que conforman la Red Vial Nacional.

De acuerdo con el documento oficial, la privatización de estas concesiones busca asegurar la "conservación y el mantenimiento de las rutas, autovías y autopistas pertinentes, asegurando los servicios de asistencia al usuario y la mejora en infraestructura y seguridad para el transporte en general".

El objetivo es "otorgar la concesión por peaje para la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario", tal como se detalla en el decreto.

La Ruta del Mercosur: un corredor clave para el comercio internacional

Uno de los ejes más destacados dentro de esta licitación es la conocida Ruta del Mercosur, un corredor fundamental para el intercambio comercial entre Argentina y sus socios regionales. Este corredor conecta al país con Brasil, Paraguay y Uruguay, facilitando el movimiento de mercancías entre los principales mercados del bloque. La Ruta del Mercosur abarca mayormente las Rutas Nacionales 12 y 14, además del Puente Rosario-Victoria, atravesando las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, con una extensión cercana a los 675 kilómetros.

La privatización de esta ruta y otros tramos viales podría tener un impacto significativo en la economía del Litoral argentino. Según las autoridades nacionales, "es de suma importancia, no solo para la región del Litoral argentino sino para todo el Mercosur, al conectar tres (3) de las cuatro (4) naciones miembros de ese organismo intergubernamental por vía terrestre, además de incluir en su traza la conexión a la Represa Binacional Salto Grande".

Desde el sector económico se insiste en la necesidad de mejorar la infraestructura vial, advirtiendo que su deterioro afecta directamente la competitividad del comercio internacional.

El Gobierno justificó esta medida en la necesidad de optimizar el funcionamiento del sector público y mejorar la eficiencia en la gestión estatal. En línea con la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, esta acción pretende reducir el tamaño del aparato estatal, transparentar el uso de los recursos públicos y lograr un equilibrio en las finanzas nacionales.

Finalmente, el decreto confirmó que la administración de más de 9.000 kilómetros de rutas pasará a manos del sector privado, incluyendo el corredor estratégico de la Ruta del Mercosur, esencial para la vinculación comercial de Argentina con Brasil, Paraguay y Uruguay.