El Poder Ejecutivo tiene plazo hasta la mañana del viernes 17 de abril a las 9:30 para acatar la decisión judicial que confirma la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. Así lo establece el fallo emitido por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que ya había sido ratificado en primera instancia. Desde la Casa Rosada anticipan un escenario adverso cuando eleven el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, su última opción procesal. En ese contexto, comenzaron a instalar el mensaje de que “volverá el déficit” si se ven forzados a desembolsar los fondos.

“Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata. Ahí tiene que ver qué hace Manuel [Adorni] con eso para ver cómo se consigue la plata. Pero hoy en día no la tenemos”, indicó una fuente gubernamental de alto rango.

Según las estimaciones oficiales, el cumplimiento de la normativa sancionada el año pasado demandaría un costo de 2,5 billones de pesos ($2.500.000 millones). El oficialismo había logrado rechazar una iniciativa similar impulsada por la oposición en 2024, pero no pudo repetir la hazaña al año siguiente: los bloques no oficialistas y algunos dialoguistas sancionaron la ley y luego consiguieron voltear el veto presidencial. Posteriormente, judicializaron la medida y obtuvieron fallos favorables en dos instancias consecutivas.

La última carta: un recurso extraordinario federal ante la Corte

Sin grandes expectativas de éxito, el Gobierno presentará un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema. En paralelo, en la Casa Rosada ya analizan cómo podrían abonar el monto de manera dosificada. “Se estima en 2,5 billones el costo que tendrá que afrontar el Poder Ejecutivo a partir del viernes tras un nuevo revés judicial”, señalaron desde un despacho oficial.

Una fuente de máxima jerarquía del Ejecutivo explicó la situación procesal: “La Corte te tiene que conceder el efecto suspensivo y eso no ocurrió todavía, es altamente improbable que nos lo concedan”.

Mientras tanto, en el ámbito universitario existen interpretaciones encontradas. Un referente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) afirmó a Infobae que si no se otorga ese efecto suspensivo, el Ejecutivo deberá comenzar a pagar desde mañana. En otra importante casa de estudios sostienen lo contrario.

El limbo procesal y la obligación de transferir fondos

Fuentes judiciales consultadas por el mismo medio describieron el escenario legal de la siguiente manera: “La apelación no va a tener efectos suspensivos, pero lo pueden pedir en el extraordinario porque hay antecedentes de eso”. Agregaron que si el máximo tribunal rechaza el extraordinario y el Gobierno acude en queja, la suspensión deberá solicitarse en ese recurso de hecho.

Los especialistas recordaron tres casos puntuales en los que la Corte otorgó efectos suspensivos a una apelación por recurso extraordinario federal: “César Arias”, “Brigadier Estanislao López” y “AEDBA”. Sin embargo, en el ínterin entre la presentación del recurso y su resolución por la cámara, existirá un vacío procesal que obliga al Ejecutivo a cumplir con la cautelar. Por lo tanto, desde el viernes ya debería comenzar a haber una transferencia de fondos.

Ninguno de los actores consultados cree que el máximo tribunal vaya a emitir un fallo favorable al Gobierno en el sentido de eximirlo de pagar los montos establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario.

Qué exige la medida cautelar

La resolución judicial ordena a la administración pública cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795. Esos artículos establecen la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2023 y septiembre de 2025 (fecha de sanción de la ley). También exige la recomposición de todos los programas de becas estudiantiles.

Desde la transferencia de las competencias educativas a las provincias, hace décadas, la Nación solo retuvo la potestad sobre el financiamiento de la educación universitaria. En el marco de la política de ajuste del gasto público impulsada por el presidente Javier Milei, los rectores de las universidades nacionales, las asociaciones estudiantiles y los gremios docentes y no docentes vienen reclamando mayores partidas desde principios de 2024.

El deterioro salarial y la caída de las transferencias

Un comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) publicado semanas atrás señala que las transferencias a las universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. La mayor parte del presupuesto destinado a las casas de estudio se utiliza para el pago de personal.

Según el mismo documento, los salarios universitarios acumularon un incremento del 158% desde la asunción de Milei, mientras que la inflación en el mismo período alcanzó el 280%. “Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%. Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales en el período considerado, tomando como base el salario de noviembre de 2023”, informan.

El rol de la Secretaría de Políticas Universitarias y la movilización prevista

Pese a que la ley fue sancionada el año pasado y ratificada en dos instancias judiciales, el Gobierno continuó sin aplicar los fondos presupuestarios correspondientes. Ante esa demora, distintas instituciones del ámbito universitario planeaban una movilización nacional para exigir la activación de los recursos. El funcionario responsable en esta materia es el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Varios integrantes del Ejecutivo consideraron insuficiente su desempeño para confrontar con las agrupaciones universitarias.