El legislador José Macome, de La Libertad Avanza, presentó un proyecto de ley que propone la creación del Registro Público de Expendedores de Bebidas Alcohólicas, bajo la órbita del Ministerio de Salud, y la disolución del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA). La medida plantea cambios significativos en la regulación de la venta de alcohol en la provincia, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el consumo indebido de bebidas alcohólicas y mejorar los controles sobre los comercios dedicados a esta actividad.

Un registro con mayores controles

El proyecto establece la obligatoriedad de que todos los comercios que expendan bebidas alcohólicas se inscriban en el nuevo Registro Público. Esta inscripción será gratuita, y los requisitos incluirán la presentación de documentación como copia de DNI, certificado de antecedentes penales y condición ante la AFIP para personas físicas. En el caso de personas jurídicas, deberán aportar su contrato social, último balance anual y la elección de autoridades, entre otros documentos.

Macome subraya que el objetivo es que el Estado tenga un control más riguroso sobre los comercios habilitados para la venta de alcohol, sancionando severamente a aquellos que no cumplan con los requisitos. Además, los responsables de los locales, ya sean propietarios, gerentes o encargados, deberán estar claramente identificados y serán considerados responsables directos de cualquier infracción a la normativa.

Sanciones más estrictas

El proyecto también endurece las sanciones para quienes infrinjan las disposiciones de la ley, con multas que van desde 5 a 50 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), clausuras temporales o definitivas de los locales, y el decomiso de la mercadería en infracción. La reincidencia será castigada con la clausura definitiva de todos los locales vinculados al infractor y su exclusión del registro.

Asimismo, se prohíbe terminantemente la venta de alcohol a menores de 18 años y se responsabiliza tanto a los mayores que provean bebidas alcohólicas a menores como a los locales que no interrumpan este tipo de ventas.

Disolución del IPLA: fin de una estructura ineficiente

Otro de los puntos del proyecto es la disolución del IPLA, un organismo que, según el propio Macome, ha demostrado ser ineficaz en la lucha contra el alcoholismo. El legislador argumenta que, desde su creación en 1994, el IPLA ha sido más un ente recaudador que un verdadero instrumento para reducir el consumo de alcohol. Además, señala que su estructura burocrática ha crecido de manera desmesurada, con un plantel de 164 empleados que consume el 90% de su presupuesto, sin que haya resultados visibles en la lucha contra el alcoholismo.

“El IPLA solo sirve para mantener su estructura de empleados. Es evidente que es necesario replantearse la existencia de un organismo claramente ineficiente, como lo está haciendo el Estado Nacional con organismos que solo tienen por finalidad recaudar, perseguir y asfixiar al contribuyente”, afirmó Macome.

La disolución del IPLA implicará la transferencia de sus recursos materiales y financieros al Ministerio de Salud, que será el encargado de aplicar la nueva normativa. El personal del IPLA que haya alcanzado la estabilidad laboral será reubicado o puesto en situación de disponibilidad, de acuerdo con el estatuto del empleado público de Tucumán, concluye el proyecto.