Treinta y dos años después del atentado contra la sede de la AMIA, el presidente de la institución, Osvaldo Armoza, encabezó este viernes el acto conmemorativo realizado en Pasteur 633, donde formuló críticas al estado de la investigación judicial, reclamó que avance el juicio en ausencia y solicitó reforzar los controles de seguridad en la Triple Frontera y otros pasos fronterizos. La ceremonia contó con la presencia del presidente Javier Milei, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, integrantes del Gabinete nacional, dirigentes de la comunidad judía, familiares de las víctimas y sobrevivientes.

En el inicio de su mensaje, Armoza recordó a las víctimas del atentado y destacó el compromiso de familiares y sobrevivientes en la búsqueda de justicia. "Ustedes nos han dado una lección de dignidad insuperable. No se dieron por vencidos. Nos han legado la herencia ética de no claudicar jamás en la búsqueda de lo que es justo", expresó. También sostuvo que, pese al paso del tiempo, "el terrorismo asesino no pudo vencernos", aunque advirtió que la impunidad mantiene abierta la herida provocada por el ataque.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al avance de la investigación judicial. "En este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa AMIA. Reitero: en este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa AMIA. Es como si estuviese detenida, adormecida o cajoneada", afirmó, al tiempo que sostuvo que la institución continuará reclamando respuestas.

En ese contexto, pidió que el Congreso avance en la sanción de normas específicas para combatir el terrorismo y sostuvo que "Argentina debe modificar su estructura legal de acuerdo a lo que los tiempos actuales demandan".

El presidente de la AMIA también reclamó que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resuelva la validez del juicio en ausencia. Dirigiéndose a los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, solicitó que el expediente sea resuelto "con la mayor celeridad posible" y sostuvo que el proceso no puede continuar demorado por "laberintos burocráticos" o "debates estériles".

Asimismo, cuestionó la actuación del juez federal Daniel Rafecas, al señalar que debe avanzar con los pasos previos al juicio oral, y recordó que el Juzgado Federal N.º 6 permanece sin un magistrado titular desde hace seis años, por lo que reclamó cubrir las vacantes existentes en la Justicia.

En relación con el Ministerio Público Fiscal, Armoza valoró las actuaciones impulsadas por el fiscal Sebastián Basso para avanzar con el juicio en ausencia, aunque pidió profundizar la investigación sobre otros aspectos del atentado, entre ellos el origen del explosivo, el armado del coche bomba y el eventual apoyo local recibido por los responsables. Además, afirmó que el aporte del fiscal Miranda "ha sido absolutamente nulo" y solicitó al procurador general interino, Eduardo Casal, la designación de funcionarios "idóneos".

Durante su discurso, el dirigente sostuvo que "la verdad histórica y jurídica ya ha sido establecida" y afirmó que la Justicia argentina determinó que el atentado "se decidió, se planificó y se financió en el seno del régimen fundamentalista de Irán". También manifestó que "detrás del atentado estuvo Irán, y uno de sus brazos armados, la agrupación terrorista Hezbollah", y pidió que Interpol mantenga vigentes las notificaciones rojas contra los acusados.

En materia de seguridad, Armoza solicitó al Gobierno nacional reforzar "de inmediato" los controles en la Triple Frontera y en los pasos limítrofes con Bolivia y Chile. "La vulnerabilidad de nuestros límites geográficos es un riesgo que ya no nos podemos permitir", afirmó. Además, convocó a Brasil a declarar a Hezbollah como organización terrorista y sostuvo que la cooperación regional constituye "un deber de supervivencia para proteger la vida de nuestros ciudadanos".

Como parte de los reclamos institucionales, también pidió acelerar el análisis de la documentación vinculada a la ex SIDE, al señalar que aún existen "toneladas de papeles" pendientes de revisión, y solicitó a la Corte Suprema de Justicia que revoque la absolución de Carlos Telleldín al considerar que existe "prueba contundente y acumulada" que lo vincula con la conexión local del atentado.