Los concejales radicales José María Canelada y Gustavo Cobos presentaron un proyecto de ordenanza denominado "Nuevo Bondi", una iniciativa que propone establecer un nuevo marco regulatorio para el transporte público de pasajeros en San Miguel de Tucumán. La propuesta contempla cambios en la planificación, organización, contratación, control y financiamiento del servicio de colectivos.

Según los fundamentos del proyecto, el sistema vigente presenta dificultades vinculadas con las frecuencias, recorridos, estado de las unidades, información disponible para los usuarios, condiciones contractuales y el debate recurrente sobre el valor del boleto. En ese contexto, los autores plantean la necesidad de reemplazar el esquema actual por un modelo basado en la planificación, la integración, la transparencia y el control.

Uno de los principales ejes de la iniciativa establece que el Municipio deberá elaborar previamente una Red Integrada de Transporte antes de convocar a una nueva licitación. Ese proceso deberá incluir un relevamiento de los recorridos, la demanda, los tiempos de viaje, las zonas con menor cobertura y las necesidades de movilidad, con el objetivo de redefinir el mapa del transporte urbano. Además, el proyecto dispone que las futuras licitaciones no podrán reproducir automáticamente los recorridos existentes sin una justificación técnica.

La propuesta también modifica el esquema de contratación de las empresas prestatarias. En lugar de concesionar líneas históricas, plantea organizar el servicio en Unidades de Servicio, con recorridos, frecuencias, cantidad de vehículos, kilómetros e indicadores de calidad definidos previamente por el Municipio. Las empresas competirían mediante licitación pública para operar cada unidad y su remuneración estaría vinculada al cumplimiento efectivo del servicio adjudicado.

El proyecto prevé que la evaluación de las prestatarias considere variables como los kilómetros recorridos, la puntualidad, la frecuencia, la accesibilidad, el mantenimiento de las unidades y la calidad del servicio. Asimismo, establece que los subsidios, compensaciones económicas y otros pagos solo podrán liquidarse sobre la base de información verificable obtenida mediante sistemas como GPS, validadores electrónicos, registros de kilómetros recorridos e inspecciones municipales.

Entre las medidas incorporadas figura la creación de un boleto integrado temporal, que permitirá combinar distintas líneas dentro de una ventana horaria determinada sin abonar un segundo pasaje completo. La iniciativa señala que esta herramienta busca reducir el costo para quienes deben realizar transbordos para llegar a destino y dispone que su implementación no podrá afectar los beneficios tarifarios vigentes para estudiantes, jubilados, pensionados y personas con discapacidad.

Otro de los puntos contempla la creación de un Portal Público del Sistema, donde deberán publicarse recorridos, frecuencias programadas y efectivamente cumplidas, ubicación de las unidades en tiempo real cuando la tecnología lo permita, estado de la flota, kilómetros recorridos, subsidios, pagos a las empresas, sanciones, contratos e indicadores de calidad. Además, propone un canal único para reclamos de los usuarios y un Registro Operativo destinado a concentrar la información necesaria para el control del servicio.

En materia tarifaria, el proyecto diferencia el valor abonado por los usuarios de la remuneración que perciben las empresas. También establece que cualquier modificación del boleto deberá estar precedida por un estudio técnico, un informe sobre la calidad del servicio y una audiencia pública obligatoria en la que se expongan los costos, subsidios, cantidad de unidades, kilómetros recorridos y demás indicadores antes de que el Concejo Deliberante trate un aumento.

La iniciativa incorpora además la promoción progresiva de colectivos eléctricos, híbridos o impulsados por tecnologías de bajas emisiones, junto con mejoras en paradas, refugios y nodos de transferencia. También prevé un régimen de sanciones que incluye multas, retención de pagos, suspensión de beneficios, retiro preventivo de unidades y la posibilidad de rescindir contratos en casos de incumplimientos graves o reiterados.

Como parte de la reforma, el proyecto propone derogar la Ordenanza N.º 400/79 y otras normas complementarias que actualmente regulan el transporte urbano de pasajeros en la Capital. Sus autores sostienen que el objetivo es reemplazar un marco normativo con más de cuatro décadas de vigencia por un régimen orientado a la planificación, la transparencia y el control del servicio.