La Caja Popular de Ahorros de Tucumán quedó bajo un requerimiento formal del Banco Macro para que justifique retiros en efectivo por $21.105.019.379,18 realizados entre abril de 2025 y marzo de 2026 desde cuentas de la entidad, según la documentación citada por El Tucumano.

El pedido fue cursado el 18 de mayo de 2026 por el Banco Macro, agente financiero de la provincia, a partir de un requerimiento del Banco Central de la República Argentina. El documento, identificado bajo el Legajo 9492, fue dirigido al interventor de la Caja Popular, Guillermo Norry, y lleva la firma de Fernando Ariel Tabora, gerente divisional de la entidad bancaria.

De acuerdo con la nota bancaria, el requerimiento se basa en la Resolución 14/2023 de la Unidad de Información Financiera (UIF), que obliga a las entidades financieras a monitorear el destino de fondos administrados por organismos públicos, especialmente cuando existan retiros significativos de dinero en efectivo.

El Banco Macro solicitó a la Caja Popular que informe, por cada extracción, el nombre o razón social de los beneficiarios, CUIL o CUIT, motivo del pago en efectivo y documentación respaldatoria. El documento no identifica beneficiarios ni formula una acusación penal: reclama que la Caja aporte esa información.

Los retiros detallados por trimestre fueron los siguientes: entre abril y junio de 2025, $8.730.677.349,67; entre julio y septiembre de 2025, $1.734.767.423,55; entre octubre y diciembre de 2025, $6.908.431.025,08; y entre enero y marzo de 2026, $3.731.143.580,88.

El período observado atraviesa dos conducciones de la Caja Popular. Los tres primeros trimestres corresponden a la gestión encabezada por José Díaz. El cuarto trimestre incluye el recambio producido el 23 de enero de 2026, cuando el gobernador Osvaldo Jaldo desplazó a Díaz y designó a Guillermo Norry y Antonio Bustamante al frente de la intervención.

La documentación citada por el medio indica que el requerimiento no permite establecer, por sí solo, el destino final de los fondos ni la existencia de delito. Sí acredita que el banco pidió explicaciones formales sobre extracciones de dinero en efectivo y documentación respaldatoria para identificar beneficiarios y motivos de pago.

El caso aparece además en paralelo con otros controles sobre la Caja Popular. Según la nota, el Tribunal de Cuentas, mediante el Acuerdo N° 5183, observó balances de la entidad y reclamó una deuda de más de $3.381 millones vinculada con la salud pública durante la pandemia.

También se menciona una investigación provincial a cargo de la fiscal Marta Mariana Rivadeneira sobre el exinterventor José Díaz, en el marco de la causa S-048030/2024. De acuerdo con la información publicada, el 23 de junio de 2026 la fiscal pidió al Tribunal de Cuentas documentación vinculada con la designación de Díaz y el organismo remitió los cinco ejercicios contables de la Caja.

El requerimiento del Macro quedó fechado antes de una comunicación oficial difundida el 1 de junio de 2026, en la que la Caja Popular informó una capacitación anual obligatoria sobre prevención de lavado de activos. En ese contexto, el subinterventor Antonio “Tony” Bustamante afirmó: “Estamos cumpliendo los estándares que exige la legislación vigente y los organismos de control como la Unidad de Información Financiera”.

La publicación remarca que, hasta la fecha del requerimiento bancario, no constaba en esa documentación quiénes habían recibido el dinero retirado en efectivo. La determinación sobre el destino de los fondos y la eventual existencia de irregularidades corresponde a los organismos de control y, en caso de avanzar, a la Justicia.