El Concejo Deliberante de Yerba Buena aprobó este jueves 2 de julio la ordenanza que impone el narcotest obligatorio a todos los funcionarios públicos municipales. La votación resultó empatada 5 a 5 y el desempate del presidente del cuerpo selló la sanción de la norma.

La iniciativa unifica un proyecto presentado por el concejal Mauricio Argiro en junio del año pasado con otro impulsado por su par Gabriela Garolera. A partir de su entrada en vigor, el intendente, los secretarios del Departamento Ejecutivo y la totalidad de los concejales de la “Ciudad Jardín” deberán someterse a controles periódicos, aleatorios y sorpresivos para detectar el consumo de sustancias prohibidas.

Durante la mañana, antes de que se iniciara la sesión, el propio Argiro había anticipado el debate en el programa Los Primeros. Allí afirmó: “Queremos ser el ejemplo. Esto no es una persecución contra nadie, sino una respuesta a lo que nos pide la sociedad. Queremos empezar a mostrar que esto tiene que tener consecuencias en la función pública. Simplemente, alguien que no esté en sus cabales no puede tomar decisiones que involucran y afectan la vida de todos los ciudadanos”.

El texto sancionado contempla que, ante un primer resultado positivo, el funcionario gozará de un período de licencia médica destinado de manera exclusiva a su rehabilitación y recuperación asistida. En caso de reincidencia, se aplicarán sanciones administrativas que van desde la suspensión de funciones hasta la destitución efectiva del cargo.

En esa misma entrevista matinal, Argiro había subrayado la necesidad de evitar la banalización del consumo problemático en la política: “Tenemos que dejar de banalizar la cuestión de la droga y las adicciones en la política. La droga mata, pero además condiciona familias enteras y termina condicionando de forma peligrosa a las instituciones del Estado”. Más tarde, al conocerse la aprobación, el edil señaló: “Una norma, para que se perfeccione y sirva, tiene que tener una consecuencia real y directa. Si no, se convierte en una simple recomendación que nadie cumple”.

La nueva legislación de Yerba Buena establece así un precedente en la provincia de Tucumán, al exigir controles toxicológicos de cumplimiento forzoso para quienes ejercen los cargos políticos de mayor responsabilidad en el municipio.