NACIONALES
29 de junio de 2026
El Gobierno analiza postergar otra vez el impuesto a los combustibles para evitar una suba de la inflación
La Casa Rosada evalúa si vuelve a diferir la actualización tributaria sobre naftas y gasoil, una medida que podría evitar un nuevo incremento en los surtidores desde julio.
El Gobierno nacional analiza por estas horas si volverá a postergar la actualización de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, una decisión que podría impedir un nuevo incremento en los precios de la nafta y el gasoil a partir de julio.
Fuentes de la Secretaría de Energía indicaron que la medida “se está analizando”, en el marco del seguimiento que realiza el equipo económico sobre la evolución de los precios regulados y su incidencia en el índice de inflación.
La última prórroga fue dispuesta a comienzos de junio, cuando el Poder Ejecutivo decidió diferir hasta julio la aplicación de los incrementos pendientes en los tributos que gravan a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.
La decisión quedó plasmada en el Decreto 405/2026, publicado en el Boletín Oficial, mediante el cual se modificó el cronograma de actualización tributaria y se estableció que los aumentos remanentes correspondientes a 2024, 2025 y al primer trimestre de 2026 comenzarían a regir desde el 1 de julio.
La definición adquiere relevancia por el impacto que tienen los combustibles sobre la estructura de costos de la economía. Los precios de la nafta y el gasoil inciden de manera directa en el transporte, la logística, la producción agropecuaria y la movilidad particular, por lo que cualquier incremento suele trasladarse al resto de la cadena de precios.
Desde 2024, el Gobierno ha recurrido en distintas oportunidades al diferimiento de estos impuestos como una herramienta para moderar los aumentos en los surtidores y evitar un efecto inmediato sobre la inflación.
En los fundamentos del último decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que la medida buscaba continuar promoviendo el crecimiento económico “a través de un sendero fiscal sostenible”.
Si finalmente no se dispone una nueva prórroga, los aumentos acumulados comenzarían a regir desde julio y podrían generar una mayor presión sobre los precios de los combustibles.
El impacto final dependerá de diversos factores, entre ellos la decisión de las empresas petroleras, la evolución del precio internacional del crudo, el comportamiento del tipo de cambio y la estrategia oficial respecto de los precios regulados.
La discusión se produce además en un contexto de especial atención sobre los valores de la energía. El mercado sigue de cerca la cotización internacional del petróleo, que actualmente se encuentra por debajo de los niveles alcanzados tras el estallido de la guerra en Medio Oriente.
En mayo, YPF implementó un esquema de amortiguación de precios que posteriormente fue acompañado por otras compañías del sector. El mecanismo buscó evitar incrementos abruptos en los surtidores en un escenario de fuerte volatilidad internacional y contribuyó a mantener la nafta súper en torno a una referencia cercana a los $2.000.
La continuidad o no de ese esquema será otro de los elementos que influirán en la evolución de los precios durante julio.
Por el momento, el Gobierno evita anticipar una definición. Mientras la Secretaría de Energía sostiene que la medida continúa bajo análisis, el Poder Ejecutivo evalúa el costo fiscal de una nueva postergación y el impacto inflacionario que tendría habilitar la actualización impositiva.
De decidir una nueva prórroga, el Ejecutivo deberá instrumentarla mediante una norma similar a la publicada a comienzos de junio.
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