La denuncia penal presentada por los ex candidatos al Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala, contra los integrantes de la Junta Electoral sumó un nuevo capítulo judicial. El fiscal federal Agustín Chit dictaminó que no existió delito en la actuación del órgano electoral y solicitó la desestimación de la denuncia junto con el archivo de la causa.

La presentación sostenía que la Junta Electoral había incumplido la medida cautelar dictada por la Cámara Federal de Apelaciones que suspendía la candidatura de Sergio Pagani para un nuevo mandato como rector.

Tras analizar las actuaciones, el representante del Ministerio Público Fiscal concluyó que las decisiones adoptadas por la Junta Electoral no configuraron una desobediencia a la resolución judicial, sino que respondieron a la necesidad de adecuar el proceso electoral al nuevo escenario generado por la cautelar.

En su dictamen, Chit sostuvo que "corresponde desestimar la denuncia por inexistencia de delito", al considerar que la actuación del órgano electoral se desarrolló dentro del marco institucional previsto por el Estatuto de la Universidad Nacional de Tucumán.

El fiscal explicó que, una vez notificada de la medida cautelar, la Junta Electoral resolvió suspender de manera provisoria las actuaciones vinculadas con la elección de rector y poner la situación en conocimiento del Consejo Superior, que posteriormente ratificó esa decisión y dispuso la adecuación del cronograma electoral. "Las decisiones adoptadas por la Junta Electoral, y ratificadas por el Consejo Superior de la UNT, resultaron una actividad necesaria y lógica, a los fines de asegurar el desarrollo del proceso electoral", señaló el dictamen.

La controversia por la proclamación de autoridades

Según la denuncia presentada por Cabrera y Abdala, la Junta Electoral debía proclamar de manera automática a la única fórmula que, de acuerdo con su interpretación, permanecía habilitada para competir, en lugar de suspender la Asamblea Universitaria prevista para el 20 de mayo.

Sin embargo, el fiscal entendió que la cuestión de fondo todavía no había sido resuelta por la Cámara Federal de Apelaciones y que, en consecuencia, no existían candidatos definitivamente excluidos del proceso.

Asimismo, consideró que una proclamación automática habría alterado el desarrollo institucional de la elección universitaria. "La democracia y autonomía universitaria terminaría siendo dirimida por los fallos de la Justicia, en lugar de que sea debatida y resuelta en el marco de su estatuto y por los estamentos que conforman su comunidad", sostuvo Chit.

Las resoluciones de la Cámara Federal

En su dictamen, el fiscal también hizo referencia a decisiones posteriores de la Cámara Federal de Apelaciones, que rechazó nuevos planteos cautelares y señaló que la adecuación del cronograma electoral correspondía exclusivamente a la Universidad.

Además, recordó que el tribunal sostuvo que no correspondía designar ni proclamar autoridades mediante una medida cautelar porque ello implicaría "una flagrante violación al principio de autogobierno de la UNT".

Sobre esa base, Chit concluyó que la actuación de la Junta Electoral constituyó una respuesta institucional destinada a reordenar el proceso electoral luego de la suspensión de una de las fórmulas oficializadas y que esa conducta no configuró delito.

La definición quedó en manos del juez

Con el dictamen del Ministerio Público Fiscal incorporado al expediente, será ahora el juez federal José Manuel Díaz Vélez quien deberá resolver si hace lugar al pedido de archivo o si dispone la continuidad de la investigación, una vez cumplidas las etapas procesales previstas por la ley.