La Justicia federal procesó al dirigente social y exprecandidato presidencial Juan Grabois por la ocupación del Instituto Perón ocurrida el 7 de junio de 2025. La medida fue dictada por el juez federal Sebastián Ramos, quien además dispuso un embargo de cinco millones de pesos sobre los bienes del dirigente.

La resolución judicial atribuye a Grabois los delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad, en el marco de la toma del edificio estatal, que por entonces se encontraba cerrado y bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por el magistrado, basada en testimonios, registros audiovisuales y documentación incorporada al expediente, el dirigente ingresó al inmueble sin autorización y permaneció allí durante aproximadamente dos horas junto a un grupo de manifestantes.

El fallo sostiene, además, que Grabois habría tenido un rol activo durante la ocupación, alentando la permanencia de los manifestantes y resistiendo la intervención de las fuerzas de seguridad que acudieron al lugar.

Los hechos ocurrieron en un contexto de fuerte tensión política, marcado por movilizaciones de sectores vinculados al kirchnerismo en los días previos a la confirmación de la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

La ocupación del Instituto Perón, un espacio de fuerte carga simbólica para el movimiento peronista, derivó en incidentes que motivaron la intervención policial y la apertura de la causa penal.

La resolución también alcanzó a Valentín Peralta, señalado por la investigación como otro de los participantes de la toma. En su caso, el juez le atribuyó conductas de mayor confrontación directa con los efectivos que participaron del desalojo.

Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran certificados médicos que acreditan lesiones sufridas por varios policías, entre ellas traumatismos craneales, contusiones y heridas leves que fueron atendidas en el Hospital Churruca. Según la resolución, esa documentación constituye uno de los elementos centrales para sostener la imputación por resistencia a la autoridad.

Respecto de Grabois, el magistrado concluyó que su conducta excedió la de un mero observador o asesor legal y configuró una participación activa en la ocupación del inmueble, al permanecer en el lugar pese a las advertencias formuladas por las autoridades y al intervenir en la dinámica del grupo que protagonizó la protesta.

Además del procesamiento, Ramos dispuso un embargo de cinco millones de pesos como medida cautelar para garantizar eventuales responsabilidades civiles derivadas del proceso.

La defensa del dirigente, en cambio, sostiene una interpretación diferente de los hechos. Los abogados de Grabois afirman que se encontraba en el lugar ejerciendo su actividad profesional y no como participante de la toma, al estar vinculado a una cooperativa que administraba un espacio contiguo al Instituto Perón.

Con el procesamiento dictado, la investigación ingresa en una nueva etapa judicial, aunque la situación procesal de Grabois todavía puede ser revisada por instancias superiores.