La Corte Suprema de Justicia de Tucumán dispuso una actualización de los salarios del personal judicial mediante la Acordada N° 11.364/26, firmada el pasado 23 de junio, que establece nuevos sueldos básicos para magistrados, funcionarios, funcionarios de ley y empleados de la Jurisdicción Justicia con vigencia retroactiva al 1° de junio de 2026.

La resolución no consigna el porcentaje de incremento aplicado, aunque fuentes del propio Poder Judicial señalaron que la adecuación salarial se encuentra en línea con la pauta acordada entre el Poder Ejecutivo y los gremios estatales, que fijó una suba del 4,98%.

El máximo tribunal fundamentó la medida en las atribuciones conferidas por el artículo 22 de la Ley N° 9.942, que faculta a cada poder del Estado a distribuir los créditos presupuestarios destinados a gastos en personal. En ese marco, la Corte sostuvo que las políticas salariales deben implementarse teniendo en cuenta las particularidades del esquema judicial y aseguró haber gestionado los recursos necesarios para afrontar la recomposición.

La actualización de haberes se produce en un contexto de debate por la política salarial de la Provincia. El incremento del 4,98% acordado por el Ejecutivo fue cuestionado por el Frente de Gremios Estatales y Municipales, que sostiene que la inflación acumulada entre marzo y mayo alcanzó el 8,1%.

De acuerdo con ese planteo sindical, la diferencia entre la evolución de los precios y el aumento otorgado asciende a 3,12 puntos porcentuales, un aspecto que se convirtió en uno de los principales ejes de la discusión paritaria.

A diferencia de otros sectores de la administración pública, el Poder Judicial no participa de las negociaciones salariales que lleva adelante el Gobierno provincial ni cuenta con un gremio reconocido para discutir paritarias. Por esa razón, la determinación de los incrementos queda exclusivamente en manos de la Corte Suprema.

Con la nueva acordada, el máximo tribunal optó por seguir la misma pauta salarial aplicada al resto de la administración pública provincial, aunque evitó incluir en el texto oficial el porcentaje de la recomposición, una práctica habitual en este tipo de instrumentos, que remiten los valores precisos a planillas analíticas anexas.

La resolución será remitida a la Delegación Fiscal del Tribunal de Cuentas para el control preventivo correspondiente, tal como establece el artículo 124, inciso 1°, de la Ley N° 6.970.