La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves la medida cautelar que obliga al Estado nacional a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. El máximo tribunal rechazó el recurso presentado por el Gobierno al considerar que no existía una sentencia definitiva y mantuvo vigente, en esta etapa del proceso, la orden de actualizar haberes docentes y nodocentes y recomponer programas destinados a estudiantes.

La resolución fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Con esa decisión, la Corte no resolvió todavía la cuestión de fondo, pero sí cerró el intento del Poder Ejecutivo de dejar sin efecto la cautelar dictada en la instancia anterior.

El expediente se originó a partir de un amparo colectivo impulsado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y de distintas universidades nacionales. El planteo cuestiona el decreto 759/2025, mediante el cual el Estado condicionó la aplicación de la ley a la identificación previa de fuentes específicas de financiamiento.

La cautelar alcanzó a los artículos 5 y 6 de la norma. Esos puntos están vinculados con la actualización de los salarios del personal docente y nodocente de las universidades públicas desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, y con la recomposición de los programas del estudiantado.

La orden judicial no abarcó la totalidad de los aspectos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario. Quedaron fuera de la medida la recomposición presupuestaria de 2024 y 2025 y otros gastos asociados a programas de asistencia y fortalecimiento.

Antes de llegar a la Corte, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había considerado que el Estado no logró desvirtuar la verosimilitud del derecho invocado por las universidades. También había señalado que el Congreso insistió en la sanción de la ley y que el Ejecutivo resistía su aplicación mediante una norma de jerarquía inferior.

El fallo se conoció después del acuerdo firmado el 10 de junio entre el Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional y gremios docentes y nodocentes. Ese entendimiento incluyó una recomposición de la masa salarial del 24,33%, un incremento del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de fondos para hospitales universitarios de hasta $50.000 millones.

Por ese acuerdo previo, la decisión de la Corte no tendría un impacto económico adicional inmediato por fuera de lo ya comprometido por el Ejecutivo. Sin embargo, el pronunciamiento conserva peso institucional porque mantiene vigente la cautelar y deja en pie la discusión sobre la aplicación de la ley aprobada por el Congreso.

El debate de fondo continuará en la Justicia. Allí deberá resolverse si el decreto que condicionó la ejecución de la norma resulta compatible con la Constitución y si el Gobierno debe aplicar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario.