La Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles al denominado Super RIGI, un proyecto impulsado por el oficialismo para promover inversiones superiores a USD 1.000 millones en nuevas actividades económicas e industrias de frontera que aún no tienen desarrollo consolidado en el país.

La iniciativa fue aprobada por 130 votos afirmativos y 106 negativos, en una votación más ajustada de lo previsto por La Libertad Avanza. El proyecto quedó ahora encaminado hacia su tratamiento en el Senado, donde deberá completar el trámite legislativo para convertirse en ley.

El respaldo al texto reunió al oficialismo con el PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo de San Juan, La Neuquinidad, Independencia de Tucumán, Por Santa Cruz e Innovación Federal, con representantes de Misiones y Salta. En contra votaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Provincias Unidas y los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota. Los diputados de Elijo Catamarca se abstuvieron.

El Super RIGI está pensado para proyectos de gran escala vinculados a sectores considerados estratégicos o emergentes. Entre las actividades mencionadas aparecen la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, inteligencia artificial, data centers, paneles solares, turbinas eólicas, minería avanzada y desarrollos asociados a la cadena de valor del uranio.

El régimen contempla beneficios tributarios, cambiarios y aduaneros para los proyectos que ingresen al esquema. Entre ellos, una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada para bienes muebles y obras de infraestructura, deducción de quebrantos sin límite temporal y una tasa reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

También prevé arancel cero para importaciones, eliminación de retenciones a las exportaciones, un tope del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias que adhieran y la prohibición de aplicar tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas. Al igual que el RIGI original, establece estabilidad regulatoria por 30 años.

Durante el tratamiento en comisión, el oficialismo aceptó cambios reclamados por bloques aliados. Uno de ellos permite computar por el doble de su valor las inversiones en investigación y desarrollo vinculadas al proyecto, aunque esa ponderación especial no podrá superar el 20% del monto mínimo requerido.

Otra modificación incorporada exige la presentación de un plan de desarrollo de proveedores locales, con un compromiso mínimo del 20% del total de adquisiciones de bienes y servicios durante la ejecución del proyecto, siempre que exista oferta disponible en condiciones de precio y calidad de mercado.

El texto también establece que cada proyecto deberá contar con un informe técnico que demuestre que la inversión no compromete la sustentabilidad de los recursos naturales ni la capacidad de la infraestructura en su zona de influencia, considerando el impacto ambiental y social.

La defensa del proyecto estuvo a cargo de Bertie Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto, quien sostuvo que el régimen combina incentivos fiscales, cambiarios, aduaneros y seguridad jurídica para atraer capital hacia las llamadas industrias del futuro.

Desde la oposición, los cuestionamientos se concentraron en el costo fiscal de los beneficios, el alcance de las facilidades para grandes empresas y la posibilidad de que eventuales controversias con el Estado se resuelvan en tribunales internacionales.

Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, afirmó que el país necesita inversiones, pero rechazó lo que consideró una cesión de soberanía y una falta de exigencias suficientes en materia de empleo, innovación, transferencia tecnológica y desarrollo de proveedores locales.

También hubo críticas desde la Coalición Cívica y otros sectores opositores. Maximiliano Ferraro cuestionó el diseño del régimen y Martín Lousteau objetó la magnitud de los beneficios previstos para los inversores, en contraste con otras áreas del gasto público.

En el tramo final de la sesión, Karina Milei siguió parte de la votación desde uno de los palcos de la Cámara baja junto a Sharif Menem. La presencia de la secretaria general de la Presidencia se produjo mientras los diputados avanzaban con la votación en particular de los artículos del proyecto.