La Cámara de Diputados aprobó este miércoles 24 de junio de 2026 el proyecto que autoriza al Estado nacional a concretar un plan de pago con los dos últimos grupos de acreedores que mantienen demandas activas por el default de la deuda de 2001.

La iniciativa fue sancionada con 139 votos afirmativos y 97 negativos, y convalidó los acuerdos de conciliación alcanzados con Bainbridge Ltd. y con el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.

El monto total autorizado asciende a US$ 171 millones. Según el esquema informado, el acuerdo prevé un pago de US$ 67 millones para Bainbridge Ltd. y de US$ 104 millones para el grupo liderado por Attestor.

La aprobación llegó pocos días antes del 30 de junio, fecha límite establecida en el entendimiento con los acreedores. El oficialismo defendió la sanción como un paso necesario para cerrar litigios abiertos desde hace más de dos décadas.

El mecanismo de cancelación adoptará el formato internacional de Entrega contra Pago, conocido como DVP. Bajo ese sistema, los fondos se liberarán de manera simultánea con la acreditación de los bonos libres de gravámenes para su cancelación definitiva.

El acuerdo también establece que los costos legales generados por el litigio serán afrontados por los propios holdouts. Además, incorpora una cláusula de standstill, que impide a los acreedores iniciar nuevas acciones judiciales o interferir en operaciones financieras argentinas mientras se completa la operación.

De acuerdo con lo expuesto durante el debate, la ley permitirá dejar sin efecto medidas de ejecución y embargos tramitados ante la Justicia de Estados Unidos contra activos soberanos argentinos, incluidas acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas.

El diputado oficialista Bertie Benegas Lynch, miembro informante del proyecto, sostuvo que la aprobación busca cerrar “esta herida de deshonra internacional” después de 25 años. También afirmó que la negociación incluyó una quita del 30% sobre el remanente reclamado.

Benegas Lynch remarcó además que el Estado quedará eximido de pagar honorarios legales y destacó el compromiso de los acreedores de no impulsar nuevas acciones judiciales. Según advirtió, si el Congreso no aprobaba la iniciativa, los acuerdos podían caer y reactivarse las medidas de litigio.

Desde la oposición, el diputado Itai Hagman, de Unión por la Patria, cuestionó el acuerdo y sostuvo que forma parte de un proceso orientado a un nuevo endeudamiento. También objetó la falta de información sobre la negociación y advirtió sobre el trato otorgado a un grupo minoritario de acreedores.

Miguel Pichetto, de Encuentro Federal, también rechazó la iniciativa. El legislador señaló que el acuerdo no especifica con claridad si el financiamiento surgirá de nuevo endeudamiento, rentas generales, reasignación de partidas u otra fuente.

Desde el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola reiteró el rechazo de su espacio y vinculó el acuerdo con un precedente para nuevas deudas bajo jurisdicción extranjera.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó que el Gobierno no informara el monto original de los bonos, dato que —según planteó— permitiría evaluar si la suma final acordada resulta correcta.

En el cierre del debate por La Libertad Avanza, Silvana Giudici defendió el proyecto y señaló que los fondos involucrados cuentan con sentencia firme en la Justicia de Estados Unidos. También destacó que el entendimiento contempla la devolución de acciones de YPF que estaban en manos de esos acreedores.