La reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei para modificar el sistema de selección de jueces, fiscales y defensores públicos quedó bajo cuestionamiento de organizaciones civiles, que advirtieron que los cambios reducen controles ciudadanos y representan un retroceso para la calidad democrática.

La controversia se originó a partir del Decreto 476/2026, que modificó los mecanismos vigentes desde 2003 para la postulación de candidatos a la Corte Suprema, magistrados federales e integrantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Entre los cambios más cuestionados aparece la eliminación de la instancia previa de observaciones, adhesiones e impugnaciones ciudadanas ante el Ministerio de Justicia.

Esa etapa permitía que organizaciones, instituciones académicas, colegios profesionales y ciudadanos presentaran objeciones o respaldos antes de que el Poder Ejecutivo enviara los pliegos al Senado. Con la nueva norma, esa intervención queda restringida al procedimiento parlamentario posterior.

Desde el Gobierno sostienen que la modificación busca agilizar la cobertura de vacantes judiciales y simplificar procedimientos. Sin embargo, entidades vinculadas a la transparencia institucional y al control democrático cuestionaron que la medida achique los márgenes de escrutinio público sobre postulaciones sensibles.

Las críticas apuntan a que el decreto elimina herramientas que funcionaban como filtros de participación social en una etapa clave del proceso. Para las organizaciones, la selección de jueces no solo debe cumplir con los requisitos constitucionales, sino también garantizar publicidad, transparencia y control ciudadano.

El nuevo esquema mantiene la intervención del Senado, donde los candidatos deben atravesar audiencias públicas, recibir impugnaciones y conseguir los acuerdos requeridos. No obstante, los cuestionamientos se concentran en la pérdida de una instancia previa de evaluación pública antes de que el Poder Ejecutivo formalice las nominaciones.

También generó rechazo la supresión de criterios vinculados a diversidad de género, procedencia regional, especialización y trayectoria en derechos humanos. Según las objeciones planteadas, esos parámetros ayudaban a ampliar la representatividad del sistema judicial y a evitar designaciones cerradas únicamente al criterio del Ejecutivo.

El debate se da en un contexto marcado por vacantes en la Justicia federal y por discusiones abiertas sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, los concursos judiciales y la integración de la Corte Suprema.

La reforma se suma, además, a otros planteos sobre participación ciudadana en decisiones públicas. Para los sectores críticos, la eliminación de controles previos en la selección judicial forma parte de una tendencia a restringir espacios de intervención social en asuntos institucionales.

El Gobierno, en cambio, defiende la necesidad de reducir demoras y ordenar procedimientos que, según su mirada, dificultan la cobertura de cargos en el Poder Judicial.