El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán derogó este martes, por votación unánime, la Ordenanza N° 4.758/15 junto con todos sus anexos. Esa norma, sancionada el 9 de abril de 2015 durante la administración del exintendente Germán Alfaro, había servido de plataforma legal para la licitación y los pliegos que dieron origen al sistema de estacionamiento medido, cuya concesión fue posteriormente invalidada por la Justicia provincial.

La determinación del cuerpo legislativo se concreta algo más de dos meses después de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán dejara firme la nulidad del contrato adjudicado a la UTE Tecno Agro Vial. Con ese pronunciamiento, el máximo tribunal consideró que el proceso concesional estuvo atravesado por irregularidades desde su misma génesis, lo que habilitó al municipio a diseñar un nuevo esquema de ordenamiento del tránsito en el área central.

El presidente de la Comisión de Transporte y Tránsito, José María Franco, explicó que resultaba imprescindible eliminar del ordenamiento jurídico local una norma directamente asociada a un procedimiento viciado y concebida sobre una base tecnológica que ya no tiene vigencia. “Era una ordenanza vinculada a un proceso viciado y sustentada en un marco técnico obsoleto”, señaló el concejal, en referencia a un diseño que databa de 2014 e incluía dispositivos como parquímetros físicos y sistemas de pago por mensajes de texto que han perdido toda aplicación práctica.

Franco subrayó que, una vez consolidada la nulidad contractual por decisión del alto tribunal, comienza una nueva etapa para debatir un sistema actualizado, eficiente y que opere como un genuino ordenador del tránsito. “La idea es avanzar en un sistema de estacionamiento medido moderno, que sea un verdadero ordenador del tránsito y que tome como referencia experiencias exitosas de otras capitales del país”, afirmó.

El edil precisó además que la elaboración de los nuevos pliegos será encarada de manera conjunta entre el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo que encabeza la intendenta Rossana Chahla. El objetivo, detalló, es incorporar herramientas tecnológicas de última generación y contemplar, al mismo tiempo, la situación de los trabajadores que en la actualidad desempeñan tareas vinculadas al estacionamiento en la vía pública.

La derogación de la ordenanza clausura definitivamente el marco normativo que dio lugar a uno de los conflictos administrativos y judiciales más extensos de la capital tucumana. La controversia se inició en 2022, cuando la Defensoría del Pueblo, Fodecus y otros actores promovieron un amparo colectivo que primero suspendió el sistema y más tarde derivó en la anulación del contrato.

En abril de este año, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ratificó el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y concluyó que la concesión otorgada a la UTE Tecno Agro Vial estuvo signada por “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”. Entre las observaciones formuladas, el tribunal advirtió que una de las empresas integrantes de la unión transitoria se encontraba en concurso preventivo al momento de presentar su oferta, un impedimento insalvable para participar de la licitación.

Con el expediente judicial cerrado y la normativa de 2015 eliminada, la gestión municipal queda ahora en condiciones de impulsar un nuevo proceso licitatorio orientado a implementar un sistema de estacionamiento medido que reordene el tránsito céntrico y establezca reglas diferentes para la explotación del espacio público.