El juzgado de instrucción de Madrid dispuso con firmeza que Begoña Gómez, esposa del jefe del gobierno español Pedro Sánchez, sea sometida a juicio oral por una causa de corrupción que arrastra desde hace más de dos años. La resolución, que eleva el caso a la etapa de debate, incluye una medida cautelar severa: la prohibición de abandonar territorio español y la obligación de realizar presentaciones judiciales periódicas.

De acuerdo con el auto emitido por el magistrado Juan Carlos Peinado, la imputada deberá depositar su documento de viaje ante las autoridades y acreditar su presencia en sede judicial cada quince días hasta que el proceso concluya con una sentencia firme. Para blindar el cumplimiento de esta restricción migratoria, el tribunal comunicó la orden a todos los pasos fronterizos y terminales aéreas, tanto civiles como militares, con el propósito de impedir cualquier desplazamiento fuera del espacio europeo.

La decisión de transformar la instrucción en un proceso plenario se apoya en un amplio catálogo de supuestas anomalías que golpean de lleno al entorno íntimo del Palacio de la Moncloa. En la pieza acusatoria, el instructor atribuye a Gómez la comisión de cuatro figuras delictivas: tráfico de influencias, corrupción entre particulares en el ámbito de los negocios, apropiación indebida y malversación de fondos públicos.

El alcance de la causa judicial no se agota en la figura de la primera dama. La misma resolución coloca en el banquillo a su colaboradora Cristina Álvarez, quien enfrentará idéntica acusación penal, y al empresario Juan Carlos Barrabés, señalado por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios entre privados.

La causa penal echó a andar formalmente en abril de 2024, cuando el juez Peinado admitió una denuncia impulsada por el colectivo Manos Limpias. Aquella presentación inicial puso la lupa sobre una compleja madeja de contactos y favores académicos vinculados a una cátedra universitaria que Gómez codirigía.

Los informes periciales que analizaron los convenios suscritos y las fuentes de financiamiento de dicha plataforma educativa se convirtieron en la columna vertebral probatoria que, a criterio del Ministerio Público y del propio instructor, justifica la apertura del juicio oral contra los tres implicados.