El debate por la legalización de la eutanasia en Argentina suma un nuevo capítulo: una carta pública presentada a fines de mayo ya recolectó más de 5.400 firmas de ciudadanos y referentes de diversas disciplinas que exigen al Congreso de la Nación tratar una ley que garantice el derecho a decidir sobre el final de la vida en situaciones de sufrimiento intolerable, incurable y persistente.

El documento, impulsado por la recientemente formalizada Campaña Nacional por el Derecho a la Eutanasia en Argentina, reúne a activistas que desde hace años –e incluso décadas– promueven el reconocimiento de la autodeterminación en el final de la vida. Entre los impulsores históricos se encuentran la doctora en Derecho Marisa Herrera, el médico obstetra Mario Sebastiani –ex presidente y actual integrante del Comité de Bioética del Hospital Italiano–, el abogado Ignacio Maglio y el investigador del Conicet Mario Pecheny.

La misiva insta al Poder Legislativo a promover “un debate plural, informado y respetuoso, basado en evidencia”, orientado a brindar un marco legal a situaciones humanas complejas que hoy carecen de regulación. Actualmente, Argentina no cuenta con ninguna norma que habilite ni la eutanasia –administración de la sustancia letal por un profesional de la salud– ni el suicidio asistido –la propia persona accede legalmente a la sustancia y la ingiere–.

En la Cámara de Diputados de la Nación existen al menos cinco proyectos con estado parlamentario, es decir, listos para ser discutidos en comisiones y en el recinto. Algunos de los impulsores de esas iniciativas, que en varios casos han perdido estado parlamentario en legislaturas anteriores y fueron presentadas nuevamente, son Julio Cobos y Miguel Ángel Pichetto.

“Lo que hicimos varias de las personas que venimos trabajando en el tema desde hace tiempo fue redactar una carta con la que pretendemos avanzar en un proyecto transversal, en el que se puedan poner de acuerdo no sólo los autores sino también los demás firmantes de los distintos proyectos que ya existen”, explicó Mario Sebastiani en diálogo con este medio.

Entre las firmas destacadas figuran los juristas Ricardo Gil Lavedra, Aída Kemelmajer de Carlucci y Roberto Gargarella; el dramaturgo Mauricio Kartún; la escritora Claudia Piñeiro; las actrices Mercedes Morán y Laura Novoa; y referentes de las ciencias sociales como Dora Barrancos, Camila Perochena, Diana Maffía, Pablo Semán y Maristella Svampa. “Son firmas notables que nos ayudan a impulsar el debate”, sostuvo Sebastiani, quien agregó que “la carta se va reenviando y el número de firmas sigue creciendo”.

El siguiente paso, según los organizadores, será solicitar a las comisiones de la Cámara Baja con posible injerencia –como Salud o Legislación General– que habiliten la participación de voces expertas y referentes con distintas posturas sobre el tema, en un proceso similar al que atravesó la legalización del aborto en 2018, que finalmente se sancionó en diciembre de 2020 tras un primer rechazo en el Senado.

La carta pública contempla la objeción de conciencia para los trabajadores de la salud, de modo que los profesionales que se declaren objetores no estén obligados a realizar la práctica. Además, Sebastiani precisó que el proyecto transversal no solo abarcaría cuadros terminales o padecimientos físicos insoportables, sino también casos de salud mental, con una supervisión y evaluación rigurosa, caso por caso. “Cuando hablamos del acceso a la eutanasia y al suicidio asistido hablamos de una decisión de la vida privada, de la libertad de las personas, de su autonomía y su autodeterminación”, sumó el médico.

Uruguay se convirtió en octubre de 2025 en el último país del mundo en legislar el acceso a la eutanasia, y hace menos de un mes se realizó el primer procedimiento: una mujer de 69 años con cáncer de páncreas terminal cumplió con todos los protocolos legales. En Argentina, en tanto, se conocieron batallas judiciales resonantes como las de Alfonso Oliva y Adriana Stagnaro, ambos con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), y la de María del Carmen Ludueña, quien murió en enero de 2026 tras siete años postrada y haber solicitado el acceso a la asistencia médica para morir ante la justicia bonaerense.

El debate por la eutanasia y el suicidio asistido no es inédito en el país, pero nunca llegó a tratarse en el recinto pese a la insistencia de algunos legisladores. La novedad es esta carta pública que apuesta a un proyecto de ley transversal y a que sean escuchadas todas las voces que defienden la posibilidad de que una persona, ante un escenario irreversible de enfermedad o sufrimiento, pueda decidir sobre su propia vida.