La controversia judicial por el calendario electoral en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) alcanzó un punto de máxima tensión. Los candidatos opositores Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala, a través de su letrada Rocío Barbieri, presentaron un escrito ante el Juzgado Federal N°2 en el que solicitan al magistrado que dicte una resolución de fondo sobre la elegibilidad del rector Sergio Pagani para un tercer mandato. Además, piden que se exhorte a la casa de altos estudios a revocar las decisiones de la Junta Electoral y del Consejo Superior que trasladaron la Asamblea Universitaria del 24 de mayo al 10 de junio próximo, bajo apercibimiento de sanciones.

El planteo central de la presentación sostiene que las resoluciones adoptadas por los órganos universitarios no constituyen un acatamiento de la medida cautelar dictada por la Cámara Federal, sino más bien una vulneración por exceso. Los actores calificaron la secuencia de decisiones como un “plan deliberado, secuencial y sistemático” que tendría como propósito favorecer de manera encubierta la postulación del actual rector. Como antecedente, el escrito informó que Cabrera y Abdala ya habían radicado una denuncia penal contra los tres integrantes de la Junta Electoral ante el Ministerio Público Fiscal Federal.

Los opositores recordaron que la cautelar emitida el 15 de mayo pasado ordenaba únicamente la suspensión de los trámites vinculados a la fórmula integrada por Pagani y Mercedes Leal, es decir, aquellos candidatos que ya completaron dos mandatos consecutivos. Según su lectura, la disposición judicial no alcanzaba a ninguna otra postulación. Sin embargo, la Junta Electoral extendió esa suspensión a todo el proceso electoral –incluyendo a la propia fórmula Cabrera-Abdala, que no estaba afectada por ninguna prohibición– y posteriormente convocó a un Consejo Superior que, de acuerdo con el escrito, aún no se encontraba legalmente constituido, para que convalidara esa determinación y desplazara la Asamblea al 10 de junio. Para los denunciantes, este encadenamiento de actos no es una mera interpretación errónea sino una tergiversación deliberada: incumplimiento por exceso.

El escrito dirigió críticas particularmente severas hacia las manifestaciones públicas del propio rector Pagani. El escrito cita que Pagani declaró a la prensa que la medida cautelar había dispuesto aplazar la Asamblea. La abogada Barbieri interpretó esa afirmación como una suerte de confesión: el rector sabía que la cautelar no ordenaba suspender la Asamblea y, pese a ello, avaló públicamente esa lectura. “¿Una medida cautelar del Poder Judicial puede emplearse a estos fines?”, se pregunta retóricamente el texto.

La impugnación al Consejo Superior es aún más radical. Los actores sostienen que el cuerpo que sesionó el domingo pasado y decidió postergar la Asamblea hasta el 10 de junio era un órgano “aún inexistente” desde la perspectiva del estatuto universitario. Según su razonamiento, estaba compuesto por una mezcla de consejeros cuyos mandatos ya habían vencido y miembros parcialmente electos para el período que comienza recién el 28 de mayo. Una sesión de un órgano que todavía no terminó de constituirse, argumentan, no puede modificar válidamente el cronograma electoral que había sido aprobado por el Consejo Superior saliente.

La consecuencia que extraen de esta situación es directa. Si la Asamblea Universitaria no se celebra antes del 28 de mayo –fecha en la que, según el Estatuto, vence el mandato de Pagani y deben jurar las nuevas autoridades– la UNT ingresará en un estado de acefalía sin que exista ningún mecanismo estatutario previsto para resolverla. Y el único responsable de ese escenario, concluyen los opositores, será la propia universidad por haber incumplido la cautelar.

El petitorio presentado al juez federal contiene cuatro puntos concretos: tomar nota del incumplimiento; exhortar a la UNT a revocar las resoluciones de la Junta Electoral y del Consejo Superior; imponer sanciones por desobediencia judicial; y habilitar días y horas inhábiles para tramitar el asunto con carácter de urgente. Esta última solicitud viene acompañada de un dato revelador sobre el estado de la relación entre los actores y el juzgado: ya fue formulada en cinco oportunidades anteriores a lo largo del proceso, y hasta el momento no recibió respuesta alguna, ni afirmativa ni negativa.