Cinco profesionales del Hospital Centro de Salud fueron imputados en una causa que investiga la muerte de Francisco Molina, un hombre de 57 años fallecido en febrero de 2025 luego de atravesar un cuadro abdominal grave que, según la acusación, requería una intervención quirúrgica urgente que nunca se concretó.

La investigación judicial se originó tras la denuncia presentada por la familia de la víctima, que sostiene que existieron fallas en la atención médica recibida por Molina durante su derivación desde el Hospital Avellaneda. El caso quedó en manos de la fiscalía de Homicidios, encabezada por Pedro Gallo, y derivó en la imputación de Adrián Orlando Rojas, Agustina de Lourdes Suárez, Julieta Mena, Martín Isaías Brito y Jorge Gustavo Salomón.

Todos fueron acusados de homicidio culposo vinculado a presunta mala praxis médica, delito que contempla penas de hasta cinco años de prisión.

Francisco Molina era docente en una fundación, padre de tres hijos y esperaba la llegada de su primer nieto. Según relató su familia, no presentaba antecedentes de salud relevantes hasta que el 7 de febrero de 2025 comenzó con fuertes dolores abdominales.

Ese día fue llevado al Hospital Avellaneda, donde le diagnosticaron una hernia supraumbilical, una afección producida por la salida de una porción del intestino a través de una lesión muscular en la pared abdominal. De acuerdo con la denuncia, en ese momento se indicó la necesidad de una cirugía y se inició una interconsulta médica.

Cuatro días después, el cuadro se agravó. Molina regresó al hospital con dolor intenso, náuseas y sudoración. Una tomografía determinó que debía ser operado de urgencia, por lo que fue derivado al Centro de Salud en ambulancia.

Según la acusación presentada en la causa, el paciente llegó al nuevo centro asistencial con indicación quirúrgica, pero no fue intervenido. La médica Agustina Suárez habría realizado únicamente una maniobra manual para intentar reubicar la porción de intestino afectada.

La investigación sostiene además que el entonces jefe de guardia, Adrián Orlando Rojas, dispuso un tratamiento orientado únicamente a aliviar síntomas mediante analgésicos, antiinflamatorios y protectores gástricos.

Horas después, otra profesional dejó asentado en la historia clínica que el dolor había disminuido y que la inflamación se había reducido. En función de esa evaluación, Molina recibió el alta médica, pese a que, según la hipótesis de la fiscalía, continuaba atravesando un cuadro que requería cirugía inmediata.

La familia sostiene que nunca fue informada de que el paciente no estaba siendo operado. Andrés Molina, hijo de la víctima, aseguró que permanecieron durante horas fuera del hospital creyendo que la intervención quirúrgica estaba en marcha.

Tras regresar a su domicilio, el hombre volvió a descompensarse cuando pasó el efecto de la medicación. Fue trasladado nuevamente al Hospital Avellaneda, donde sufrió complicaciones respiratorias, fue intubado y posteriormente padeció dos paros cardiorrespiratorios antes de fallecer.

La querella, representada por el abogado Juan Pablo Bello, impulsó la denuncia penal y reclamó que se investigara la actuación de los profesionales que intervinieron en la atención del paciente.

Durante la investigación, uno de los elementos centrales fue el denominado “formulario de derivación”, documento elaborado en el Hospital Avellaneda que, según la acusación, detallaba la gravedad del cuadro clínico y la necesidad de una cirugía urgente.

Sin embargo, el documento nunca fue incorporado al expediente. Cuando la fiscalía solicitó al Centro de Salud que remitiera esa constancia, desde el hospital respondieron que no contaban con el formulario. A raíz de esa situación, se abrió una segunda causa por presunto encubrimiento contra personal del establecimiento sanitario.

Ambos expedientes fueron posteriormente unificados y la fiscalía avanzó con la imputación de los cinco profesionales.

De acuerdo con la querella, una junta médica convocada durante la investigación concluyó que la derivación desde el Hospital Avellaneda había sido correcta y que en el Centro de Salud no se aplicaron los protocolos correspondientes para un cuadro de abdomen agudo quirúrgico.

Entre las conclusiones incorporadas a la causa, se indicó que el tratamiento médico recibido por Molina no habría sido acorde con la patología que presentaba y que esa actuación probablemente contribuyó a su muerte. También se cuestionó la utilización de analgésicos sin la realización de estudios complementarios y la práctica de reducción manual de la hernia pese a la sospecha de compromiso vascular.

Los especialistas que participaron del análisis señalaron además que el alta médica no resultaba prudente frente al cuadro clínico y determinaron que la causa de muerte estuvo relacionada con un shock derivado de una hernia umbilical estrangulada.

La causa despertó repercusión en el ámbito judicial debido a que en Tucumán existen escasos antecedentes recientes de procesos orales vinculados a presunta mala praxis médica. Actualmente, otro expediente similar, relacionado con la muerte de Matías Juárez tras una cirugía de amígdalas en 2016, tiene previsto llegar a juicio durante agosto de este año.