El conflicto por la sucesión en el rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán sumó este lunes un nuevo capítulo de fuerte tensión institucional. Los decanos Miguel Ángel Cabrera y Virginia Sara Luz Abdala, quienes aspiran a conducir la casa de altos estudios, presentaron una denuncia penal contra tres integrantes de la Junta Electoral de la UNT a quienes acusan de haber desobedecido la medida cautelar dictada por la Cámara Federal de Apelaciones. El escrito, ingresado ante la Fiscalía Federal, señala a Fernando Valdez, Ángeles Igarzábal y Luis Alberto López Fernández como presuntos autores de los delitos de desobediencia a la autoridad judicial (artículo 239 del Código Penal) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248).

La presentación se produce en medio de la disputa por la posibilidad de que el actual rector, Sergio Pagani, compita por un tercer mandato consecutivo. Los denunciantes sostienen que la Junta Electoral, en lugar de acatar lo ordenado por el tribunal, adoptó decisiones que a su juicio constituyen una maniobra para torcer el sentido del fallo.

Los antecedentes de la medida cautelar

Todo comenzó meses atrás, cuando Cabrera y Abdala –patrocinados por el abogado Gonzalo Casas– promovieron una acción declarativa de certeza para que la Justicia determinara si los artículos 17 y 190 del nuevo Estatuto universitario habilitaban o no a Pagani a presentarse nuevamente. En primera instancia, el juez federal Guillermo Díaz Martínez rechazó el planteo por considerar que no existía un “caso” concreto. Sin embargo, luego de que Pagani formalizara su candidatura, la Cámara Federal de Apelaciones –integrada por Fernando Poviña, Ricardo Sanjuán, Marina Cossi y Patricia Moltini, con la disidencia de Mario Leal– revocó esa decisión y dictó una medida cautelar.

El fallo ordenó a la UNT “abstenerse de receptar, tramitar, acreditar, exhibir y oficializar fórmulas para el Rectorado con candidatos a Rector o Vicerrector que hayan cumplido dos mandatos consecutivos en el Rectorado”. Además, dispuso “la suspensión de los trámites de candidaturas a los cargos de Rector y Vicerrector para el período 2026-2030” respecto de quienes se encontraran alcanzados por esa situación.

La resolución que motivó la denuncia penal

Según la denuncia, el detonante fue la decisión de la Junta Electoral de aplazar la Asamblea Universitaria prevista para el 20 de mayo y remitir el tema al Consejo Superior para que adecuara el cronograma electoral. Para Cabrera y Abdala, ese acto carecía por completo de sustento normativo y excedía las atribuciones del órgano electoral.

“Esta segunda resolución fue dictada sin que existiera norma estatutaria, reglamentaria ni orden judicial alguna que habilitara a la Junta Electoral a aplazar la Asamblea”, afirmaron los denunciantes. En otro tramo del escrito sostuvieron que “la Junta Electoral simplemente debía enviar a la Asamblea Universitaria el 20 de mayo nuestra fórmula”.

La denuncia avanza además sobre la tipificación penal de esas conductas. “Con este proceder consistente en torcer e incumplir la medida cautelar -entendemos- que la conducta de los denunciados ha caído presuntamente en la conducta antijurídica, típica y culpable del delito de desobediencia a la autoridad judicial”, afirmaron.

Ahora, la Fiscalía Federal deberá analizar la presentación y decidir si impulsa una investigación contra los miembros de la Junta Electoral, en medio de una crisis que mantiene en vilo a la comunidad universitaria tucumana.