La disputa entre el concejal de San Miguel de Tucumán, Carlos Ale (Partido de la Justicia Social), y el municipio capitalino sumó un nuevo capítulo luego de que el edil presentara una respuesta formal contra el planteo realizado desde la Secretaría General municipal respecto a la canalización de reclamos vecinales.

Tras la polémica generada por la nota enviada al Honorable Concejo Deliberante —en la que desde el municipio cuestionaban las actuaciones institucionales vinculadas a pedidos de vecinos—, Ale decidió responder con una presentación formal de cuatro páginas en la que reivindica el rol político y constitucional de los concejales como representantes directos de la ciudadanía.

En paralelo, el edil endureció su postura en redes sociales con un mensaje contundente: “¡NO NOS VAN A CALLAR CUANDO DEFENDEMOS A LOS VECINOS!”

En el escrito, Ale sostiene que recibir reclamos barriales, solicitar obras o gestionar soluciones ante el Ejecutivo municipal “no constituye un exceso institucional”, sino una obligación inherente al cargo que ocupa. “Presenté una respuesta formal a la Secretaría General de la Municipalidad dejando en claro algo fundamental: gestionar reclamos vecinales, pedir obras, iluminación, limpieza o mejoras urbanas NO es un exceso institucional. Es cumplir con el mandato que nos dio la gente”, expresó.

La respuesta del concejal apunta directamente contra la interpretación política y administrativa que, según él, intenta imponer la gestión de Rossana Chahla respecto al rol de los representantes legislativos.

En el documento, Ale argumenta que la función de un concejal no se limita únicamente a votar ordenanzas dentro del recinto, sino también a recepcionar inquietudes vecinales, canalizar reclamos comunitarios y articular entre la ciudadanía y el Estado. “La representación política que ejerce un concejal no se limita exclusivamente a la emisión de votos en sesión o al tratamiento formal de ordenanzas”, sostiene el escrito.

Además, remarca que negar esa facultad implicaría “desnaturalizar la esencia misma del mandato representativo conferido por la ciudadanía”.

La respuesta formal también plantea un cuestionamiento de fondo hacia la lógica de gestión impulsada por el municipio, particularmente en relación al uso excluyente de canales digitales para la recepción de reclamos. “Pretender que los reclamos de los vecinos se limiten únicamente a una app o un WhatsApp oficial es desconocer el rol de la representación política y alejar aún más al Estado de la gente”, manifestó Ale.

El conflicto se originó luego de que el edil difundiera reclamos de vecinos vinculados a problemas de infraestructura urbana y cuestionara la falta de respuestas del municipio. Desde el Ejecutivo, según denunció, se objetó que esas gestiones “superponen tareas” y generan “desinformación”.

Sin embargo, el concejal insiste en que la verdadera desconexión está en la distancia entre la administración municipal y los barrios. “Un concejal no está para quedarse sentado en una banca mirando para otro lado. Está para escuchar, representar y elevar las necesidades reales de los barrios”, afirmó.

En su presentación, Ale también invoca artículos de la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de Municipalidades para defender el derecho de petición ante las autoridades y la función institucional de representación política.

El trasfondo de la discusión expone un choque cada vez más visible entre dos modelos de construcción política: uno apoyado en herramientas digitales de gestión y otro basado en la presencia territorial y el contacto directo con vecinos.

Ale dejó claro que no piensa retroceder en ese esquema de trabajo. “Voy a seguir acompañando cada pedido, cada reclamo y cada necesidad de los vecinos de San Miguel de Tucumán, porque para eso me eligieron”, concluyó.