La Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, liderada por Diego López Ávila, tiene a su cargo una investigación contra un médico de Tucumán acusado de defraudar al sistema de salud provincial. Según la imputación, el profesional habría utilizado indebidamente los datos personales de un afiliado de 69 años luego de atenderlo una única vez en un sanatorio privado de la provincia.

El hecho salió a la luz cuando la víctima intentó gestionar nuevos turnos médicos y se encontró con que en el sistema de su cobertura ya figuraban numerosas consultas como realizadas. Esta situación le impidió usar con normalidad su obra social y lo obligó a pagar de su bolsillo atenciones en el ámbito privado.

La maniobra fraudulenta, según consta en la causa, consistía en acceder al sistema informático del Subsidio de Salud (IPSST) y cargar falsas prestaciones en distintas fechas durante 2024. De esa manera, el médico lograba que la obra social provincial autorizara pagos por servicios que jamás se habían brindado.

La gravedad del caso se profundizó durante la audiencia judicial, cuando se reveló que el facultativo ya arrastraba antecedentes administrativos por hechos similares. En 2024, había sido separado de su función durante 60 días luego de que otros afiliados denunciaran que aparecían consultas facturadas a su nombre sin haberse atendido nunca con él. Ahora, el profesional volvió a ser suspendido, esta vez por un plazo de 120 días.

Desde el propio IPSST admitieron que las irregularidades fueron detectadas a partir de controles internos y de denuncias presentadas por los propios afiliados. La institución recomendó a los usuarios revisar periódicamente el detalle de sus consumos médicos para identificar eventuales prestaciones sospechosas.

El caso expone nuevamente un problema recurrente pero de alto impacto económico dentro del sistema de salud: las denominadas prestaciones “fantasma”. Se trata de consultas, estudios o tratamientos que se registran administrativamente pero que en la realidad nunca se ejecutan. El perjuicio no solo golpea las arcas del Estado y de la obra social, sino también a los afiliados, que muchas veces descubren tarde que su cobertura fue utilizada de manera irregular.

En los últimos meses, Tucumán fue escenario de otras investigaciones vinculadas a presuntas maniobras fraudulentas dentro del sistema sanitario y administrativo del Subsidio de Salud. Incluso existen causas abiertas por certificados de discapacidad falsos y facturaciones apócrifas.

Ahora la Justicia deberá determinar el monto exacto del perjuicio económico generado por las prestaciones inexistentes y establecer si existen más afiliados damnificados por la misma metodología. Mientras avanza la pesquisa, el caso vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de control sobre el manejo de los fondos públicos destinados a la salud.