El gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro de la escena política luego de oficializar un nuevo ajuste fiscal por 1,47 billones de pesos, equivalente al 1,6% del PBI, en una semana atravesada por protestas sociales, tensiones internas dentro del oficialismo y negociaciones parlamentarias por la reforma electoral.

La medida fue publicada un día antes de la Marcha Federal Universitaria y generó sorpresa incluso dentro del propio gabinete nacional. Según fuentes oficiales citadas en la nota, el Presidente mantiene una estrategia de confrontación frente a cada manifestación social que interpreta como una amenaza política.

Mientras miles de estudiantes, sindicatos y dirigentes opositores se movilizaban en las inmediaciones de la Casa Rosada, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezaba una mesa política destinada a fortalecer la estrategia legislativa del oficialismo en el Congreso.

En ese marco, el Gobierno resolvió sostener sin modificaciones el proyecto de reforma electoral, pese a las diferencias planteadas por sectores aliados. La decisión dejó expuesta una nueva interna con la senadora Patricia Bullrich, quien había impulsado separar el tratamiento de la ley de Ficha Limpia para facilitar acuerdos con el PRO y la UCR.

La estrategia impulsada por Karina Milei avanzó en sentido contrario y el Senado se prepara para debatir la reforma electoral de manera conjunta, desestimando la alternativa promovida por los bloques dialoguistas.

Las diferencias entre la hermana del Presidente y Bullrich se vienen profundizando en las últimas semanas. El conflicto político también alcanzó al área de Seguridad, donde, según fuentes citadas en el artículo, Karina Milei habría frenado el desembarco de Diego Valenzuela en un cargo clave dentro del ministerio.

En paralelo, Bullrich quedó posicionada como la dirigente con mejor imagen positiva en una medición de la consultora Management & Fit, mientras que Milei apareció séptimo en ese ranking y con niveles de rechazo superiores a los de la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio.

Las tensiones también alcanzaron la relación entre el oficialismo y el PRO. El abrazo público entre Bullrich y Mauricio Macri generó malestar en sectores libertarios, mientras que el exmandatario endureció sus cuestionamientos hacia el Gobierno mediante un comunicado difundido el fin de semana.

Según el artículo, dirigentes del PRO aseguraron que el texto reflejó exclusivamente la postura personal de Macri y no fue consensuado con las autoridades partidarias. Incluso el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, admitió públicamente que desconocía el contenido del comunicado hasta momentos antes de una entrevista televisiva.

El distanciamiento entre Milei y Mauricio Macri se mantiene desde la reunión realizada en Olivos el 31 de octubre de 2025, cuando el Presidente rechazó propuestas de cambios en el gabinete planteadas por el líder del PRO.

En paralelo, el peronismo también comenzó a mover piezas en medio del nuevo escenario político. El gobernador bonaerense Axel Kicillof viajó a Córdoba en busca de acercamientos con sectores del peronismo provincial encabezados por Martín Llaryora.

A su vez, dirigentes cercanos a Cristina Fernández de Kirchner volvieron a plantear la necesidad de reorganizar el liderazgo opositor de cara a las próximas elecciones. En ese contexto también aparecieron declaraciones del senador bonaerense Sergio Berni sobre la conducción interna del espacio.

En el plano económico, el economista Martín Rapetti, director ejecutivo de Equilibra Consultores, advirtió sobre señales de deterioro en distintos sectores de actividad, con excepción de áreas puntuales como energía, minería y agro. Según explicó, la caída sostenida de la recaudación tributaria y el retroceso de ingresos vinculados a la actividad económica reflejan un escenario contractivo.

Rapetti señaló que el Gobierno mantiene el objetivo de superávit primario acordado con el FMI mediante recortes de gastos y postergación de pagos, especialmente a proveedores del Estado. Sin embargo, advirtió que esa política de ajuste tiene impacto negativo sobre la actividad económica y puede afectar la sostenibilidad del programa económico.

El economista también planteó que la prolongación del ajuste podría generar tensiones sociales y dudas en los mercados respecto de la continuidad del actual esquema político y económico. Según su análisis, ese escenario podría derivar en mayores presiones financieras y cambiarias a medida que avance el calendario preelectoral.