El Senado de la Nación abrirá este miércoles el debate sobre la reforma electoral promovida por el Gobierno nacional, cuyo eje principal es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para la definición de candidaturas legislativas y presidenciales. La discusión comenzará a las 16 en la comisión de Asuntos Constitucionales, en un contexto de fuertes diferencias entre el oficialismo y sectores dialoguistas de la oposición.

La comisión, presidida por Agustín Coto, iniciará el tratamiento con una exposición de la asesora del Gobierno y ex titular de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landivar, quien brindará detalles técnicos sobre el alcance de la iniciativa.

El inicio del debate se produce luego de varios desacuerdos entre Javier Milei y los bloques aliados respecto al orden de tratamiento de los proyectos. Sectores del PRO y de la UCR pretendían discutir primero la ley de Ficha Limpia por separado, aunque esa alternativa fue finalmente descartada por el oficialismo.

La situación generó tensiones internas luego de que, en una primera instancia, la titular del bloque libertario, Patricia Bullrich, hubiera respaldado la propuesta impulsada por los espacios dialoguistas.

Desde el oficialismo señalaron que el objetivo del inicio del debate es comenzar las negociaciones sobre los puntos donde aún no existe consenso parlamentario. La estrategia del Gobierno apunta a construir acuerdos con el PRO, la UCR y los bloques provinciales para alcanzar las mayorías necesarias en ambas cámaras del Congreso.

La reforma requiere mayorías absolutas: 37 votos afirmativos en el Senado y 129 en la Cámara de Diputados. Por esa razón, el oficialismo necesita respaldo opositor para avanzar con la iniciativa.

Uno de los puntos que genera mayores resistencias es la eliminación definitiva de las PASO. La mayoría de los bloques dialoguistas se manifestó en contra de esa modificación, por lo que el Gobierno analiza alternativas intermedias, entre ellas una nueva suspensión para las elecciones de 2027 o la eliminación de la obligatoriedad de las primarias.

Además de los cambios en el sistema electoral, el proyecto incorpora la denominada ley de Ficha Limpia. La iniciativa establece que no podrán ser candidatos a cargos electivos quienes tengan condenas en segunda instancia por delitos dolosos.

Otro de los cambios previstos establece nuevas condiciones para el reconocimiento de candidaturas presidenciales y legislativas. Según el texto impulsado por el oficialismo, quienes aspiren a competir por la Presidencia deberán reunir avales equivalentes al 0,1% del padrón electoral nacional, mientras que las postulaciones al Congreso requerirán el respaldo del 0,5% del padrón de cada distrito.

La propuesta también modifica los requisitos para el reconocimiento de los partidos políticos a nivel nacional. En ese sentido, las fuerzas deberán contar con reconocimiento en al menos diez distritos y acreditar un mínimo de afiliados equivalente al 0,1% del padrón nacional.

En materia de financiamiento político, el proyecto elimina el aporte estatal para las campañas electorales y amplía del 2% al 35% el límite de financiamiento privado permitido para partidos y alianzas. A su vez, los espacios políticos solo conservarían como financiamiento público anual el correspondiente al Fondo Partidario Permanente.

La iniciativa también contempla la eliminación de la publicidad electoral gratuita en medios de comunicación y deja sin efecto la obligatoriedad de los debates presidenciales implementados en elecciones anteriores.

Otro de los cambios incorporados alcanza a la Boleta Única de Papel. El texto prevé la posibilidad de incluir la opción de voto por boleta completa y habilita la incorporación de elecciones provinciales en casos de comicios simultáneos.