Esta mañana, la Comisión de Legislación General de la Legislatura unicameral de Tucumán, encabezada por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, emitió dictamen favorable a un proyecto que incorpora un capítulo especial sobre medidas cautelares en el Código Procesal Penal provincial (Ley 8933). La propuesta crea una vía judicial rápida para proteger el honor, la imagen y la reputación de las personas frente a agresiones digitales.

En contacto con los medios, Vargas Aignasse señaló que la norma busca dar una respuesta efectiva ante la violencia en redes sociales, las calumnias, las injurias y las publicaciones difamatorias. “Hoy las redes sociales, potenciadas por la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, muchas veces funcionan como 'paredones de fusilamiento', donde contenidos virales pueden destruir la reputación de una persona en muy poco tiempo”, sostuvo.

El legislador detalló el mecanismo: cualquier persona afectada podrá recurrir a la Justicia y obtener un fallo en un lapso de seis horas. El juez tendrá la atribución de disponer la baja del contenido cuestionado, su desindexación de los buscadores y el resguardo de las evidencias para eventuales acciones judiciales posteriores por calumnias e injurias.

Ante la inquietud sobre si esta ley podría atentar contra la libertad de expresión, Vargas Aignasse aclaró que el texto incluye una cláusula especial que deja fuera a los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, organismos descentralizados y entes autárquicos hasta el rango de director. “Lo que buscamos es que nadie piense que esta normativa puede generar censura previa o limitar las críticas a la dirigencia política, al Gobierno o a los funcionarios”, remarcó. Y añadió que los dirigentes políticos cuentan con otras herramientas, como el derecho a réplica o la posibilidad de expresarse a través de sus propias cuentas en redes y medios de comunicación.

Por último, el presidente de la comisión advirtió sobre el impacto psicológico del hostigamiento y la difamación en plataformas digitales, y mencionó que en los últimos años se registraron más de veinte suicidios de jóvenes en el país –incluyendo Tucumán– luego de sufrir escraches y viralizaciones difamatorias. El proyecto, adelantó, podría ser debatido en la próxima sesión legislativa. También participaron del encuentro los legisladores José Macome, Christian Rodríguez, Carolina Vargas Aignasse y Sara Assan.