Dos concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) en San Miguel de Tucumán lanzaron una ofensiva legislativa contra la gestión de la intendenta Rossana Chahla, a raíz del progresivo deterioro de la infraestructura vial y urbana. Los ediles José María Canelada y Gustavo Cobos ingresaron un proyecto de ordenanza que pretende forzar al Ejecutivo municipal a resarcir económicamente a los ciudadanos que sufran perjuicios derivados del mal estado de las calles, veredas, desagües y otros espacios públicos bajo responsabilidad comunal.

La iniciativa, denominada “Régimen Municipal de Prevención, Atención y Reparación Administrativa de Daños”, fue presentada en el marco de una serie de reclamos que ambos legisladores vienen canalizando a través de la plataforma chaubache.com. La propuesta establece un trámite sin costo, ágil y de fácil acceso para que los vecinos puedan notificar situaciones de riesgo y solicitar indemnizaciones cuando sufran percances vinculados a baches, tapas faltantes, falta de señalización u otras deficiencias en el espacio público.

En la conferencia de prensa donde dieron a conocer el proyecto, Canelada criticó la ausencia de respuestas por parte del Estado local frente a siniestros provocados por el mal estado de la calzada y cuestionó la burocracia que deben sortear quienes intentan obtener una reparación. “En San Miguel de Tucumán se ha normalizado algo que está radicalmente mal: una persona daña su vehículo en un pozo, se cae por una tapa que no está o protagoniza un accidente por el asfalto deteriorado y no ocurre nada, nadie asume la culpa”, afirmó el concejal opositor. Y añadió: “Queremos que ningún vecino vuelva a sentirse desamparado frente al Estado”.

Por su parte, Cobos explicó que la idea surgió tras relevar decenas de expedientes administrativos que la Municipalidad rechazó usando como excusa la ausencia de una ley provincial específica sobre responsabilidad estatal. “Detectamos alrededor de 80 reclamos que fueron desestimados con ese argumento. Lo que proponemos es un esquema claro que le indique al vecino cómo reclamar y que obligue al Municipio a dar respuesta. Si hay un daño, si hay una falla en la infraestructura y ambas cosas están conectadas, el Estado debe hacerse cargo”, sostuvo.

Apoyó el planteo Matías Cuenca, un trabajador dedicado al reparto domiciliario que sufrió una fractura de tibia al tropezar en un bache ubicado en la esquina de avenida Avellaneda y calle Santiago. Según relató, requirió una intervención quirúrgica y lleva dos meses sin poder desempeñar su labor.

Dos ejes del proyecto

La ordenanza contempla dos aspectos fundamentales. Por un lado, crea un sistema de prevención que permite a cualquier ciudadano denunciar puntos peligrosos y exigir inspecciones y reparaciones en plazos reducidos. Por otro lado, establece un mecanismo administrativo para que la Municipalidad evalúe y responda frente a daños ocasionados por el mantenimiento deficiente o las falencias en el equipamiento público.

El texto indica que el régimen tiene como propósito “promover soluciones reparatorias en sede administrativa, evitando la judicialización innecesaria de los conflictos”. También prevé inspecciones técnicas, medidas urgentes de señalización y reparación, y la determinación de eventuales responsabilidades municipales por falta de servicio.

Los fundamentos de la iniciativa aclaran: “La responsabilidad del Departamento Ejecutivo Municipal frente a deficiencias en la infraestructura pública no nace de la presente ordenanza, sino del propio carácter de los bienes involucrados y de las funciones que el ordenamiento jurídico asigna al Municipio”.

Entre otros puntos, el proyecto unifica los canales de denuncia, obliga a realizar inspecciones técnicas, fija plazos de respuesta, exige la elaboración de informes periciales y dispone mecanismos de reparación administrativa. La oposición radical busca así instalar en la agenda pública la obligación del Municipio frente al deterioro urbano y las consecuencias que este genera en la vida cotidiana de los vecinos.