La emblemática obra del Acceso Sur a San Miguel de Tucumán, presentada en 2021 como uno de los proyectos viales más relevantes del norte argentino, se encuentra en una situación crítica y podría ser definitivamente abandonada. La empresa Conorvial SA está negociando con la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) una rescisión consensuada del contrato, en medio de la paralización de los trabajos y el riguroso ajuste que el gobierno nacional aplicó sobre la obra pública.

El proyecto fue licitado durante la presidencia de Alberto Fernández con un plazo de ejecución de dos años, pero ya transcurrieron cinco desde su adjudicación y el avance apenas supera el 15%, según informaron fuentes cercanas a la compañía. La iniciativa preveía una intervención profunda sobre la Ruta Nacional 9, el principal ingreso sur a la capital tucumana, que incluía una rotonda en San Andrés, la duplicación de calzada en un tramo de casi tres kilómetros y dos puentes —uno de ellos sobre el río Salí—.

Representantes de Conorvial SA confirmaron que mantienen conversaciones con la DNV para concretar la rescisión del contrato firmado bajo la licitación pública nacional 36/2021. Desde la firma con sede en Santiago del Estero sostienen que, pese a los intentos por mantener activa la obra, las condiciones económicas y financieras vigentes hicieron inviable su continuidad. La combinación de la interrupción del financiamiento y los fuertes cambios macroeconómicos registrados en el país provocó una “ruptura” de la ecuación financiera original. A esto se agrega que los plazos de ejecución están detenidos por falta de recursos desde hace más de dos años.

El escenario desde el Estado tampoco es favorable. La Dirección Nacional de Vialidad, atravesando un proceso de ajuste y reestructuración impulsado por la administración de Javier Milei, no tendría capacidad para reactivar una obra de esta envergadura. La provincia tampoco contaría con los recursos necesarios para tomar el relevo, como ya ocurrió con otras iniciativas, por ejemplo el complejo Procrear. El presupuesto original se estimaba en 1.500 millones de pesos, pero cálculos extraoficiales indican que actualmente la finalización de la obra requeriría unos 35.000 millones de pesos.

Desde la empresa señalaron que todavía no hay fechas definidas para cerrar las negociaciones con Vialidad Nacional, ya que el proceso incluye varias instancias administrativas, entre ellas la valuación de los trabajos ejecutados y aún no pagados. El Acceso Sur había sido concebido como la primera etapa de la futura autopista Tucumán-Termas de Río Hondo, un corredor de 140 kilómetros que se extendería hasta Santiago del Estero, aunque el resto de los tramos nunca se concretó oficialmente.

La adjudicación se formalizó en diciembre de 2021 mediante la resolución 2085/2021, firmada por el entonces interventor de la DNV, Gustavo Héctor Arrieta. Los fondos provendrían de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y del Tesoro Nacional. La obra abarcaba un tramo de 2,85 kilómetros entre el arroyo Mista y San Miguel de Tucumán, con el propósito de transformar la traza actual en una autopista con control total de accesos para mejorar la circulación en una zona con alta congestión y problemas de seguridad.

En julio de 2022, el entonces ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, visitó el lugar y afirmó que más de 30.000 vehículos transitaban diariamente por esa ruta, destacando que el proyecto apuntaba a convertirla en “la autopista más importante del norte argentino”. Pero con el tiempo comenzaron las dificultades. Entre los primeros contratiempos aparecieron los problemas para liberar la traza debido a la necesidad de trasladar servicios públicos como redes eléctricas y gasoductos.

Hacia el final de la gestión de Fernández, el proyecto ya evidenciaba una fuerte desaceleración. Con el cambio de gobierno y el freno generalizado a la obra pública nacional, el Acceso Sur fue primero suspendido y luego neutralizado administrativamente. Hoy no se ejecuta ninguna tarea en el sector, aunque la empresa asegura que sigue afrontando gastos fijos por seguros y mantenimiento de lo poco construido. Mientras avanzan las tratativas con Vialidad Nacional, el destino de uno de los proyectos de infraestructura vial más ambiciosos de Tucumán permanece en la más absoluta incertidumbre.