Un proyecto de ley presentado en la Legislatura tucumana busca resolver la vulnerabilidad en materia de salud que afecta a miles de trabajadores independientes matriculados en la provincia. La iniciativa, impulsada por el diputado José Seleme (Avanza Tucumán) con el respaldo de Manuel Courel (Cambia Tucumán) y José Macome (Compromiso con la Libertad), propone habilitar la afiliación voluntaria al Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSSPT) para profesionales como abogados, contadores, médicos e ingenieros que actualmente carecen de una obra social obligatoria al no desempeñarse en relación de dependencia.

El texto que acompaña al proyecto describe una realidad de desigualdad estructural. Según los fundamentos, existe “un sector significativo de la población que actualmente se encuentra en una situación de desprotección relativa en materia de acceso a la salud: los profesionales independientes matriculados en los distintos Colegios Profesionales de la Provincia”. Los autores sostienen que esa falta de cobertura forzosa los coloca en una posición de desventaja frente a quienes acceden a prestaciones médicas a través del empleo público o privado, lo que los obliga frecuentemente a contratar servicios de medicina privada con costos cada vez más difíciles de sostener.

El artículo 1° de la norma propuesta establece con precisión el objetivo central: “incorporar al régimen del Instituto de Previsión y Seguridad Social de la Provincia de Tucumán la afiliación voluntaria de los profesionales activos matriculados en los distintos Colegios Profesionales con personería jurídica que funcionen en el ámbito provincial”. La redacción busca que la medida sea inclusiva y no excluya a nadie por falta de convenios previos.

Para garantizar la viabilidad financiera del sistema, el artículo 2° prevé que la adhesión pueda canalizarse mediante acuerdos marco con los colegios profesionales, aunque aclara que “la inexistencia o falta de suscripción de dichos convenios no será impedimento para que el profesional solicite su afiliación de manera individual”. De esta forma, cualquier matriculado podrá adherirse sin depender de la voluntad de su colegio. El artículo 3°, por su parte, permite que los nuevos afiliados extiendan la cobertura a su grupo familiar en las mismas condiciones que rigen para los afiliados voluntarios actuales.

En cuanto al sostenimiento económico del sistema, el artículo 5° delega en el IPSSPT la facultad de determinar el monto de las cuotas mensuales, que será fijado “conforme criterios técnicos, actuariales y de sustentabilidad financiera del sistema”. Los fundamentos refuerzan esta idea al señalar que la iniciativa “no altera la estructura ni los principios rectores del Instituto sino que se limita a habilitar la incorporación voluntaria respetando en todo momento la sustentabilidad financiera del sistema”.

Los impulsores del proyecto argumentan que los profesionales matriculados ya forman parte del entramado institucional provincial, dado que los colegios profesionales tienen “una naturaleza jurídica de derecho público no estatal”. Incluso citan que el ejercicio de la abogacía está calificado legalmente como una “función pública de desempeño privado”. Bajo esa lógica, la incorporación al subsidio de salud no representa un beneficio extraordinario, sino la integración de un sector que ya se encuentra funcionalmente inserto en la órbita del Estado provincial.

Finalmente, la propuesta apela a principios constitucionales para justificarse. Los autores sostienen que “la iniciativa se vincula directamente con el derecho a la salud, como derivación del artículo 14 bis y de los tratados internacionales con jerarquía constitucional así como con el principio de igualdad ante la ley”. El proyecto se presenta como una “solución equilibrada, jurídicamente fundada y socialmente necesaria” que permitirá a los trabajadores independientes acceder a cobertura médica en condiciones razonables dentro de un esquema solidario.