La Corte Suprema de Justicia de Tucumán rechazó el recurso de casación presentado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y confirmó la inconstitucionalidad de la ordenanza que declaraba de utilidad pública y sujetos a expropiación tres inmuebles pertenecientes a la Cooperativa de Servicios de Educación y Servicios Sociales Gabriela Mistral Ltda. 

La resolución, firmada este miércoles 6 de mayo de 2026 por la Sala en lo Contencioso Administrativo del máximo tribunal provincial, representa un nuevo revés judicial para la gestión encabezada por la intendenta Rossana Chahla y vuelve a poner bajo análisis el desempeño del área legal del municipio. 

El fallo dejó firme la sentencia que había declarado inválida la Ordenanza N° 5390, mediante la cual el municipio buscaba avanzar con la expropiación de inmuebles vinculados a la Escuela Gabriela Mistral. La Corte consideró que la Municipalidad no posee facultades constitucionales para declarar de utilidad pública bienes destinados a fines educativos, al tratarse de una atribución reservada a la Legislatura provincial.

Los jueces sostuvieron que la Ley Orgánica de Municipalidades únicamente habilita expropiaciones relacionadas con calles, caminos, plazas, parques y paseos públicos, pero no para otros fines. En consecuencia, entendieron que el municipio actuó fuera de las competencias previstas por la normativa vigente.

Esta sentencia es el tercer traspié importante que enfrenta la administración municipal en expedientes de alto impacto institucional.

Uno de los antecedentes fue el fallo favorable al influencer Alan Paredes en una causa impulsada con la intervención del doctor Marco Rossi. A ello se sumó la derrota judicial frente al exintendente Germán Alfaro en la causa vinculada a la denuncia por los $500 millones presuntamente desaparecidos, expediente en el que intervino el fiscal municipal Conrado Mosqueira.

Ahora, nuevamente con participación del área legal municipal, la Corte volvió a fallar en contra de la Municipalidad en el conflicto por la expropiación de los inmuebles de la Escuela Gabriela Mistral.

Según fuentes del Municipio, el Ejecutivo comenzó a cuestionar la estrategia jurídica y su capacidad del área legal para sostener causas sensibles ante los tribunales provinciales.

En ese contexto, también crecieron las versiones sobre posibles modificaciones dentro del área legal de la administración municipal.

Durante el proceso judicial, la Municipalidad había sostenido que poseía facultades genéricas para declarar la utilidad pública de determinados bienes mediante ordenanzas municipales. Sin embargo, la Corte descartó esa interpretación y reafirmó que una medida de ese alcance requiere autorización legislativa expresa.

Además, el máximo tribunal provincial señaló que el municipio puede desarrollar políticas educativas sin necesidad de avanzar sobre propiedades privadas específicas y recordó que la cooperativa demandante es una entidad privada con fines educativos reconocidos legalmente.

Con esta decisión, la Corte Suprema provincial cerró la discusión judicial sobre la ordenanza cuestionada y dejó firme la declaración de inconstitucionalidad dictada previamente por la Cámara Contencioso Administrativa.